De un lado, un régimen que no le permite a la Corte dirigirse al país a través de un mensaje grabado desde hace varios días (negándole así su derecho a pronunciarse directamente al pueblo), y que para imponer su criterio está dispuesto a violar incluso su propio proyecto de Constitución, aun antes de que entre en vigencia.

 Del otro, unos magistrados (estamos seguros de que no todos) que negocian una prórroga de semanas o meses en su mandato a cambio de rebajar su estatura moral ante el país.

¿Qué se puede “negociar” en un escenario así? Nada, excepto añadirle una mancha más al deterioro moral de la Nación.

Uno de los errores del proyecto de nueva Constitución es la pretensión de cambiarle el nombre a la Corte para que deje de ser “Suprema”.
Creíamos que era un asunto solo de palabras. Por lo visto, la intención es mucho más de fondo.