El Gobierno del presidente paraguayo, Fernando Lugo, resolvió este sábado aplazar una competencia automovilística que se lleva a cabo cada año desde hace más de tres décadas, una decisión que irritó a gran parte de la élite del país.
La medida fue anunciada por el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares, quien argumentó que no existían condiciones para la organización del tradicional Rally del Chaco por la situación de emergencia en que viven los pobladores de la región debido a una prolongada sequía.
Soares dijo a periodistas que se formará una comisión interinstitucional para evaluar una nueva fecha del evento, lo que puso fin a una polémica de días sobre las consecuencias de truncar por primera vez un evento que mueve millones y al que asisten algunas de las familias más adineradas del país.
El Chaco es una extensa planicie poco poblada ubicada al noroeste de Paraguay que alberga principalmente establecimientos rurales dedicados a la ganadería y donde residen comunidades indígenas que viven en la indigencia.
El Gobierno de Lugo declaró recientemente estado de emergencia en la zona, destinó unos cinco millones de dólares y recibió ayuda externa por más de un millón de dólares para asistir a las familias damnificadas.
El presidente, un ex obispo de ideas socialistas, asumió el Gobierno el 15 de agosto en representación de una alianza centroizquierdista con la promesa de combatir la pobreza que afecta a casi un 40 por ciento de la población y de ocuparse especialmente de las relegadas comunidades indígenas.
Algunos políticos de la coalición liderada por Lugo criticaron la suspensión de la competencia, que atribuyeron a la influencia en el Gobierno del ministro Soares, quien pertenece a un pequeño partido de izquierda.
El senador del Partido Liberal Alfredo Jaeggli dijo recientemente que Soares, a quien llamó "ministrito zurdo", "resentido y envidioso", creía que el rally era "un deporte de ricachones" que no tenía por qué existir.
Los detractores del rally sostienen que este atenta contra el medio ambiente, en tanto sus defensores aseguran que es una importante fuente de ingresos para los municipios pobres de la región.
Además, denuncias de medios de comunicación de Asunción dieron cuenta en el pasado del abuso a menores indígenas, que solían prostituirse por centavos, alentadas por los participantes al evento.
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