La resolución se basa en un informe de Contraloría que lo responsabiliza administrativamente.

El ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Julio Emanuel, fue absuelto dentro del caso de la supuesta asignación de partidas extrapresupuestarias y cobro de comisiones a los alcaldes y prefectos del país.

Según el presidente de la Tercera Sala de lo Penal de la  Corte Suprema de Justicia, Hernán Ulloa, en la investigación no se estableció la asignación de partidas en esa cartera de Estado, sino “traspasos, reordenamientos, reformas y modificaciones de partidas que implicaban reasignación, sin modificar su monto o techo”. La sentencia se basa en un informe de Contraloría que lo responsabilizó administrativamente. 

El ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Julio Emanuel, fue absuelto ayer dentro del caso de supuesta asignación de partidas extrapresupuestarias y cobro de comisiones a los alcaldes y prefectos del país. La denuncia fue presentada en julio del 2002 por el alcalde de Cañar, Víctor Hugo Molina.

Según el  presidente de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Hernán Ulloa, en la investigación no se estableció la asignación de partidas extrapresupuestarias en esa cartera de Estado, sino “traspasos, reordenamientos, reformas y modificaciones de partidas que implicaban reasignación, sin modificar su monto o su techo”.

En rueda de prensa, a la que convocó Ulloa para aclarar la providencia,  dijo que tampoco existió alteración en las fechas de las resoluciones presupuestarias del ejercicio fiscal del 2001.

La sentencia absolutoria se basa en un informe final de la Contraloría   que únicamente estableció  responsabilidades administrativas  contra  Emanuel. Por esta razón, según los magistrados de la sala, el ministro fiscal subrogante,  Alfredo Alvear, no presentó la acusación particular.  
En cuanto a los otros imputados, Jorge Morán y Galo Farfán, el juicio fue suspendido porque no hubo comparecencia al llamado judicial.

Ulloa además comunicó que la sala  dictó sentencia condenatoria contra Luis Chávez, Joffre Bazurto y Alberto Arteaga,  por ser autores del delito de tentativa de cohecho, tras la denuncia presentada por el ex diputado Carlos González (ID) sobre una red de corrupción que operaba en el  Congreso (2001-2002) para tramitar partidas a los gobiernos seccionales.

Según el denunciante, con la complicidad de algunos ex diputados se implementó una oficina en el Congreso para viabilizar proyectos y contratos.