El Gobierno español ofrecerá a los inmigrantes desempleados la posibilidad de cobrar un subsidio de cesantía de una sola vez para volver a sus países de origen, en virtud de un real decreto de ley aprobado el viernes.
La iniciativa busca frenar el número creciente de inmigrantes que se apuntan a las oficinas de empleo. Tendrá carácter voluntario, afectará a los ciudadanos extracomunitarios y entrará plenamente en vigor a finales de octubre o noviembre, después de los trámites jurídicos que obligan a un informe del Consejo de Estado.
El convenio está destinado a los inmigrantes de los 19 países que tengan convenio con la Seguridad Social española y que deben comprometerse a no volver a España en un plazo de tres años, dijo el viernes el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en una rueda de prensa posterior a una reunión del gabinete.
El decreto dará a casi 300.000 inmigrantes desempleados la opción de cobrar el 40% del salario total de la cesantía de dos años mientras están en España y el 60% una vez estén en casa.
Más del 10% de la población española está compuesta de inmigrantes que han llegado al país en los últimos años para cubrir empleos de baja remuneración en el sector servicios y en la industria de la construcción.
La debilidad económica ha sacudido estos dos pilares de crecimiento económico y muchos analistas esperan que España entre en recesión en la segunda mitad del año, una caída drástica desde el robusto crecimiento del 3,7% del PIB registrado en el 2007.
El desempleo ascendió en agosto en 100.000 personas, hasta alcanzar un récord en diez años de 2,5 millones, y se prevé que continúe creciendo en diez años, y muchos prevén que esté por encima del 15%, o 3,5 millones, el próximo año.
La comunidad inmigrante ha sido la más afectada, llegando al 67% de los desempleados en agosto, comparado con el año pasado, y con un aumento general del 25%.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que regularizó a casi 700.000 inmigrantes ilegales cuando llegó al poder en el 2004, ha endurecido su política migratoria. El Gobierno también quiere restringir los visados de reunificación familiar, que espera que recorten la inmigración en un 40%