El Congresillo.- Cuando Alberto Acosta quiso prorrogar por algunos días las actividades de la Asamblea para elaborar una Constitución con menos errores –y tal vez hasta con mejor técnica jurídica– expresé en esta misma columna mi apreciación –desde lo doctrinario y académico– en el sentido de que podía hacerlo, por cuanto estaba investida de plenos poderes y no había terminado todavía de cumplir el encargo hecho por el pueblo, aunque fuera por haber desviado su atención del asunto central que debía resolver.
Pero, asimismo, cuando se discutía la posibilidad de que existiera un Congresillo, expresé, el mismo día que este Diario lo hizo en su Editorial, hace más de dos meses y cuando aún no terminaba sus tareas la Asamblea, que si eso llegaba a fraguarse era un acto antidemocrático porque los asambleístas no podían actuar como tales luego de cumplida su misión de elaborar un nuevo proyecto de Constitución, y menos reunirse para producir legislación ordinaria que, si se promulga, podrá ser legítimamente desobedecida cuando vuelvan las cosas a la normalidad, y hasta invalidada por falta de derecho y arrogación de funciones.
Los ex asambleístas constituyentes no pueden, por alquimia o prestidigitación, convertirse en parlamentarios para dictar leyes comunes luego de terminado su mandato, y me parece muy riesgoso, para la supervivencia de la democracia y del Estado de Derecho (no de derechos), que se abuse de esa manera respaldados por el número de votos en el evento de que el proyecto constitucional sea aprobado por la mayoría popular como parece que ocurrirá.
Es verdad que en los regímenes democráticos quienes deciden son los que tienen la mayoría, pero es necesario observar las reglas que impone el ordenamiento jurídico –aunque sean las básicas del respeto al otro, a propios y ajenos– para que no se interrumpa la paz social.
Oigo decir con frecuencia que la situación actual es producto de las vulneraciones y desmesuras del pasado, pero aunque así fuera, no se debe seguir manejando al país de la misma manera, con prepotencia y con abusos, cambiando simplemente de actores, haciendo lo mismo que se criticó en el adversario.
A lo mejor ya es muy tarde para que se diluya la mala idea del Congresillo, pero tengo para mí que puede ser la causa para que el Gobierno y el país en su conjunto sufran muchos dolores de cabeza, pues lo procedente habría sido que se convoque a elecciones legislativas al día siguiente de proclamados los resultados del referéndum del 28 de septiembre para que se realicen 45 días después, con lo que en dos meses hubiéramos tenido un nuevo Congreso (o Asamblea Nacional) elegido por el pueblo, mientras en ese lapso una comisión elaboraba los proyectos de las leyes que se necesitarán con urgencia para que la nueva Constitución funcione si merece la aprobación ciudadana.
Ojalá no haya sobresaltos ni sorpresas para la democracia.
P.S. Si para validar el Régimen de Transición se ha dicho que el capítulo correspondiente forma parte del proyecto de Constitución, no entiendo cómo varios ex asambleístas junto con algunos jueces supremos pretenden que estos actúen en funciones prorrogadas si el artículo 21 de ese Régimen dispone otra cosa. ¿Una nueva ilegalidad sobre las múltiples existentes con anuencia de la propia Corte? No lo entiendo.