El presidente Evo Morales en el diálogo que mantiene con los opositores propuso impulsar un régimen de autonomías regionales si éstos aceptan un referendo para ratificar su proyecto de Constitución, según se informó este viernes oficialmente.

En Panamá, donde se encuentra en una breve visita, Morales declaró hoy durante su encuentro con el presidente Martín Torrijos, que el gobierno boliviano está "apostando por transformaciones profundas en democracia y en búsqueda de una igualdad social entre los bolivianos sobre toda apoyando a los sectores más abandonados".

Torrijos señaló que su gobierno se suma "al llamado internacional" para que se respete en Bolivia "la institucionalidad democrática, la integridad territorial y a la búsqueda del camino a través del diálogo".

"El presidente ha propuesto la viabilización de la convocatoria a referendo constitucional mejorando el capítulo de las autonomías. La propuesta está en mesa", dijo a los periodistas el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic.

Yaksic ha sido delegado como portavoz del Ejecutivo en las conversaciones que comenzaron el jueves en Cochabamba entre el gobierno y ocho prefectos, en presencia de veedores internacionales.

Mañana diálogo de Morales en Bolivia

Morales volverá de Panamá para reincorporarse a las negociaciones con los prefectos el sábado, dijo Yaksic al informar sobre el avance en las conversaciones, en las que también participa el vicepresidente Alvaro García Linera.

No se conocen detalles de la oferta, que habría sido puesta en discusión en las negociaciones que se llevan adelante a puerta cerrada tras la instalación el jueves de tres mesas de discusión: en una se debatirá la devolución de un impuesto petrolero que reclaman las regiones; en otra las autonomías y la nueva Constitución, y una tercera buscará acuerdos para designar en el Congreso a magistrados y otras autoridades nacionales.

La crisis del país se precipitó precisamente ante el fracaso de la Asamblea Constituyente hace una año de concertar una carta constitucional de consenso, lo que llevó a cuatro regiones a impulsar procesos autonómicos de facto que el gobierno ha tildado de ilegales.