Oficina en Quito.

Las primeras denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en Ecuador llegaron a manos de la organización Human Rights.

El organismo internacional, que abrió una sede en el país, recibió ayer de Aquiles Rigaíl, asesor jurídico de la Universidad Católica de Guayaquil, un video que sustenta las presuntas agresiones del Gobierno contra estudiantes, el 16 de agosto pasado.

El video recoge cronológicamente la protesta que se dio en la universidad, en donde, según Rigaíl, se constatan las violaciones a los derechos humanos y el irrespeto a la autonomía universitaria por parte de la Policía y el Gobierno.

“Queremos que estén vigilantes y atentos sobre la serie de violaciones que se cometen y se alerte a la comunidad internacional”, expresó el estudiante César Coronel. Junto a  compañeros acusados por el Jefe de Estado de “majaderos” pidieron indagar a la organización.

Pero no solo este caso preocupa a Human Rights. También está el de la ex prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, quien lleva nueve meses en la cárcel de Quito. Pese a que la organización ha remitido  cartas al Gobierno en las que pide su liberación, no hay respuesta.

Armando Valladares, secretario de Human Rights, expresó que con estos antecedentes se observa que la libertad de expresión podría estar en riesgo. “Investigamos el caso de los estudiantes, el maltrato a los periodistas por la falta de respeto al decirles pitufos y otra serie de actuaciones que de alguna manera coartan su labor”, dijo.