Aleksander Boyd, vicepresidente de Human Rights Foundation, aclaró esta mañana que la organización no investigará denuncias de violación a los derechos humanos de hace 10, 15 y 20 años, sino a los hechos que están ocurriendo en la actualidad.

Boyd explicó a Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil) que como el organismo empezó a funcionar desde el año 2006, no formará parte de las investigaciones de años anteriores.

Human Rights se trazó a inicios del 2006 una estrategia para monitorear la situacion de los derechos humanos en el continente americano, abirendo oficinas en cada uno de los países. Ayer lo hizo en Ecuador.

El activista de derechos humanos señaló que la estrategia en Ecuador va más alla de la coyuntura política. Explicó que las investigaciones empezaron desde el pasado mes de diciembre y en mayo hicieron una visita al país, donde se reunieron con una serie de ciudadanos, buscando y explorando la posibilidad de abrir la oficina.

Actualmente están manejando e investigando lo ocurrido con la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, detenida en diciembre por "terrorismo", por supuestamente alentar a las movilizaciones en Dayuma, y por supuesto peculado.

A este caso se suma el de la Universidad Católica de Guayaquil, cuyo asesor jurídico, Aquiles Rigaíl, acudió ayer para mostrar un video que sustenta las presuntas agresiones del Gobierno contra estudiantes, el pasado 16 de agosto.

La organización de derechos humanos va a investigar los casos con los que se vayan sumando, como "algunas informaciones que se han dicho respecto a los medios de comunicación y que se ha manifestado en contra o de forma peyorativa en contra de los periodistas en este país", dijo Boyd.

Sobre el primer caso, el de Llori, Human Rights, ya ha dado los primeros pasos, consultar al Gobierno para aclarar situaciones. Al respecto, señaló que se han enviado cuatro comunicaciones que no han tenido respuesta.

Como segundo punto, se eleva ante los organismos internacionales las denuncias correspondientes. En este sentido, se acude ante el grupo de trabajo de funciones arbitrarias de las Naciones Unidas para denunciar el caso de violaciones a los derechos humanos.