Un juzgado de Barcelona condenó a dos años de prisión y otros dos de inhabilitación a un policía español por abusar sexualmente de una inmigrante ecuatoriana con la que tuvo relaciones con la promesa de que borraría sus antecedentes penales para su regularización.

El policía, L.S.,logró evitar el juicio, que se tenía que haber celebrado hoy, al reconocer los hechos y aceptar la rebaja de pena propuesta por la Fiscalía, que inicialmente había solicitado ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación, según fuentes judiciales.

La sentencia de conformidad, que condena al agente por un delito de abuso sexual, fija una indemnización de 17.000 dólares para la víctima.

El policía ya pagó esa cantidad y, gracias al acuerdo con el fiscal, puede evitar su ingreso en prisión, al haber sido condenado a una pena no superior a dos años de cárcel y carecer de antecedentes penales.

Según reconoció ante el tribunal, el procesado, de 57 años, coincidió en junio de 2005 en una comisaría de Barcelona con la mujer, una joven ecuatoriana "sin papeles" que había sido detenida.

El agente entabló conversación con la inmigrante, C.W.C., quien le explicó que temía que su detención pudiera ser impedimento para conseguir la residencia legal, ya que estaba pendiente de que se resolviera su solicitud de regularización.

Con la promesa de solucionarle el problema y evitar que su detención pudiera afectar a la resolución del expediente, el policía logró ganarse la confianza de C.W.C. y que ésta le facilitara su teléfono móvil.

Propuesta

Al día siguiente, con la chica ya en libertad, el agente la llamó por teléfono desde la comisaría y le dijo que tenía el modo de solucionar su problema para que obtuviera la regularización.

Consiguió ser recibido en el domicilio de la víctima para hablar del asunto y le aseguró que podía cancelar sus antecedentes penales si accedía a mantener relaciones sexuales con él.

Con la esperanza de poder obtener su permiso para residir en España, C.W.C. aceptó la propuesta sexual del agente, aunque una semana más tarde acudió a la Policía para denunciarlo.

La mujer consiguió finalmente que las autoridades españolas aprobaran su permiso de residencia y ahora intenta traerse de Ecuador a sus dos hijos menores.