Dos evaluaciones internacionales solicitadas por el Fondo de Solidaridad (FS) ayudarán a determinar el nivel de responsabilidad que la constructora brasileña Odebrecht tiene en la central hidroeléctrica San Francisco, fuera de operaciones desde el 6 de junio.

Los estudios se efectuarán paralelo a las conversaciones que mantienen la constructora y el Estado, para solucionar sus diferencias, surgidas por los daños en la central, que genera 230 megavatios.

La primera evaluación la hará la consultora ELC Electroconsul, de Italia, y del resultado dependerá el futuro de los 43 millones de dólares que ingresen al fideicomiso propuesto por Odebrecht, informó ayer Jorge Glas, presidente del directorio del Fondo.

La segunda evaluación la hará el consultorio jurídico Hogan & Hartson, de los Estados Unidos, y esta incluirá una auditoría técnica, financiera y jurídica del contrato, “de la contratación y de lo pagado por la obra”. Según los resultados que se obtengan, Odebrecht deberá responder “por lo que hicieron o dejaron de hacer”, conforme determine la auditoría, precisó el funcionario.