Las diferencias regionales en el Ecuador pueden determinar lecturas opuestas del proyecto de Constitución. En la Sierra y el Oriente, la clase media está formada alrededor del Estado. Por ejemplo, en la provincia de Bolívar, los trabajadores públicos representan el 54% de los asalariados de la provincia. En Loja, Morona Santiago y Pastaza el mismo índice se encuentra por encima del 50%, y en Chimborazo, Carchi y Cañar los asalariados públicos son casi el doble que en las provincias de la Costa. En Pichincha la misma cifra es 17%, pero el Estado central genera una demanda de bienes y servicios que en parte es cubierta por profesionales que dependen indirectamente del mismo.

En cambio, en Los Ríos y Manabí los asalariados públicos solo son el 17%. En Guayas son el 15%. En la Costa, la clase media depende del comercio y la industria y de instituciones sociales y organizaciones de desarrollo regional, con fuertes connotaciones locales.

En la Sierra y el Oriente, la clase media puede apoyar el proyecto de Montecristi, porque este fortalece el Estado. Además, amplios sectores populares dependen de la clase media, la cual desde el Estado atiende sus demandas. Por esto, la posición de la clase media en la Sierra es decisiva en la inclinación ideológica y política de amplios sectores populares; por ejemplo, los indígenas.

En la Costa, una buena parte de la clase media depende de la empresa privada, vinculada al mercado mundial. Para estos sectores la globalización es un imperativo de la economía de la región, e interpretan el proyecto de Montecristi como un freno que no les permitirá a la Costa aprovechar las oportunidades que crea aquella. Por esto, los movimientos autonomistas se han desarrollado, sobre todo, en esta región. La clase media y el empresariado de la misma pueden votar contra el proyecto de Montecristi.

La elaboración de la Constitución se realizó bajo el supuesto de que la mayoría podía imponer su punto de vista por la fuerza del voto. Este supuesto olvida que la legitimidad del orden político depende de que el mismo sea la representación de la diversidad social y política. En la Asamblea Constituyente no estuvo representada toda esta diversidad. La crisis del sistema de partidos lo impedía. Hay sectores ciudadanos que no se sienten identificados con el proyecto de Montecristi, aunque tampoco comparten la posición de los partidos tradicionales.

El proyecto está siendo impugnado aun antes de que llegue al referéndum.
No se ha construido un acuerdo nacional. Esto contrasta con países como Brasil y Chile, cuyos gobiernos representan proyectos nacionales. El proyecto de Constitución no es el resultado de una auténtica negociación política, con el cual se puedan identificar y comprometer incluso los sectores de oposición. En el país sigue primando la concepción de que con la oposición no se puede construir un proyecto nacional de largo plazo. Aquí falta el concepto moderno del Estado político, para el cual solo hay unidad política como producto de las diferencias.