La fiscalía decidió investigar la existencia de hechos punibles en las actas suscritas entre Texaco y el gobierno ecuatoriano en la década de los 90, en las que se liberaba a esa empresa por completo de responsabilidades sobre temas ambientales y daños ocasionados en la amazonia del país.

Texaco, actualmente Chevron-Texaco, explotó petróleo en Ecuador entre 1972 y 1990, luego de lo cual se suscribieron una serie de actas, al última de ellas en 1998, en la que se expresaba que esa empresa no dejaba nada pendiente en suelo ecuatoriano.

Un documento de la Fiscalía General, fechado el 26 de agosto, que se hizo público el lunes, señaló que en esas actas  se indican como ejecutados trabajos que no se efectuaron o que faltan por completar, los que producen contaminación ambiental por acción del agua lluvia y la evaporación en ríos y fuentes de agua adyacentes.

En las actas constan como verdaderos hechos que no lo eran, determinándose la posible existencia de un hecho punible que encaja en la figura delictiva ... existiendo fundamentos suficientes para imputar a nueve personas, entre ellas el ex ministro de Energía, Patricio Ribadeneira, y al ex presidente de Petroecuador, Ramiro Gordillo.

La instrucción fiscal también señala como responsables al vicepresidente de Texaco, Ricardo Reis Veiga, y el representante legal de la Texaco en Ecuador, Rodrigo Pérez.

Para los nueve acusados del presunto delito, la Fiscalía pide una declaración  libre y sin juramento y también solicita  un peritaje de reconocimiento del lugar de los hechos y análisis de los trabajos de reparación medioambiental realizados por Texaco, de acuerdo al contrato para liberación de obligaciones.

Pérez, en declaraciones afirmó que obviamente es una patraña, "es una cosa absurda... la verdad es una cosa que se ha venido arrastrando hace años y ha sido promovido por los abogados de la parte contraria (acusadores de Texaco) que utilizaron la contraloría para eso", dijo.

No hay base para ninguna de la acusaciones expresadas, pero aparentemente con el apoyo del gobierno se reabre la acusación, aseguró.

Pérez añadió que ¿cómo podemos haber engañado a cinco gobiernos 14 ministros y como 50 fiscalizadores de todas las instituciones del estado?, deben darse cuenta de lo ridículo que es eso.

El resto de acusados en este expediente no se han pronunciado.

Por otro lado, Chevron-Texaco enfrenta desde mayo del 2003, un juicio en la provincia amazónica de Nueva Loja, por presunta contaminación durante su actividad petrolera en Ecuador. Más de 30.000 pobladores de la Amazonia exigen a Texaco 6.000 millones de dólares en pago de daños. Texaco se fusionó con Chevron el 2001.