Si recordamos nuestra transición desde la dictadura militar de los setenta a la democracia, el eje organizador fue indudablemente la inauguración de un nuevo sistema político basado en partidos modernos y una Ley de Elecciones que apuntaba a crear grandes corrientes estructuradas de acción política, eliminando aquellas expresiones que no alcanzaban mínimos electorales. El Partido Social Cristiano a la derecha, la Democracia Cristiana en la centro derecha, la Izquierda Democrática en la centro izquierda y el Frente Amplio en la izquierda se configuraban como los ejes de esas grandes corrientes político-ideológicas. La idea básica era que los partidos políticos se convirtiesen en canales de expresión de las demandas de la sociedad ante el Estado. No hubo, sin embargo, una propuesta consensuada de desarrollo económico y productivo.

Visto esto en perspectiva, fallamos miserablemente. Los mismos partidos llamados a canalizar esas demandas paulatinamente comenzaron a representar a pequeñas élites que los controlaban, en algunos casos como expresión de intereses particulares. A ello se añadieron procesos fraccionales, muchas veces de expresión regional o provincial, otros por meros intereses personales de líderes incapaces de disputar dirección partidaria por medio de procesos democráticos internos, casi siempre inexistentes. Esta incapacidad de los partidos de representar a la sociedad fue adicionalmente desbordada por nuevas demandas sociales, que se expresaron por medio de movimientos sociales y eventualmente de nuevas expresiones partidarias, no de representación general, sino particular. A ello se agregó la no eliminación de los partidos políticos que no alcanzaban los mínimos electorales requeridos, como resultado de acuerdos pírricos. La consecuencia de todo esto fue la destrucción de los partidos políticos como organizaciones de mediación y la crisis económica de fines de los noventa. Hoy los partidos políticos son inexistentes.

Fue en ese marco que surgió el liderazgo de Correa, como solución de recambio al vacío político creado por la incapacidad de los actores políticos de la democracia posdictatorial. Su propuesta busca reconstituir una comunidad política por medio de la nueva Constitución, que votaremos en pocos días. El eje de esa reconstitución pasa por el reforzamiento del Estado, casi destruido por la incapacidad del sistema político en décadas previas, a lo que se unieron reformas estructurales capturadas casi siempre por poderes fácticos. La base económica de la propuesta se basa en ingresos del petróleo, por medio de cuyas rentas se fortalece el accionar estatal en cuanto a políticas sociales e inversión en infraestructura eléctrica, petrolera y de carreteras.

El problema central de los primeros 20 meses de gobierno del presidente Correa es que no tiene propuesta para la transformación productiva, que nos permita una inserción inteligente en la globalización y la creación de empleo digno. Su accionar en este campo profundiza el carácter primario exportador de nuestro desarrollo. No hay o al menos no son visibles, propuestas de transformación productiva o de competitividad sistémica y de inserción en la globalización. La ausencia de políticas sectoriales activas en lo agropecuario, en lo industrial y en lo comercial son su expresión.

A ello se agrega la enorme dificultad de institucionalización, que como señala Garretón para el caso de Venezuela, no logra ir más allá de la movilización creada en torno al carisma del líder. La duda es si la nueva propuesta constitucional puede revertir aquello y establecer poderes independientes y con los equilibrios y contrapesos necesarios y constituir nuevos partidos políticos que medien entre sociedad y Estado. Institucionalización y transformación productiva son nuestras mayores tareas pendientes.