El 3 de septiembre pasado, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, envió una misiva a la liquidadora de Filanbanco, Soraya Bajaña, en la que le solicita información respecto al convenio suscrito en el 2001 entre la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y Filanbanco.

Entre los documentos que pidió están las escrituras públicas de treinta lotes de terreno de la urbanización Guayllabamba, locales comerciales y parqueaderos del edificio Río Amazonas, ubicado en Quito; departamentos, bodegas y parqueaderos del edificio Monterrosa,  en la urbanización Quito Tennis; y una oficina en el centro comercial Unicornio II.

También pidió copias de siete Certificados de Depósitos Reprogramados (CDR) por un valor total de más de $ 2 millones; estos fueron entregados por la CEE al Filanbanco.

La Iglesia defendió esa transacción. “Se agruparon las acreencias de algunas entidades perjudicadas para obtener inmuebles en lugar del dinero congelado, nunca a un precio menor que el del mercado”, señaló un comunicado.