Alguna vez aprendí que la fe se la debería llevar en el corazón, sin mostrarla ni hacer aspavientos con ella, pero eso no ha impedido que diversos sectores de la jerarquía católica intervengan constantemente en la vida política del país, y no de forma unánime ni alineados bajo una sola bandera, sino divididos e incluso enfrentados en bandos opuestos.

Después de todo, los sacerdotes son seres humanos y no podrían abstraerse siempre a las presiones del poder. Se necesita mucha sencillez para vestir los hábitos y darle siempre al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Hoy Alianza PAIS nos está llevando a una de las peores dictaduras de nuestra historia. Que en esas circunstancias la jerarquía de la Iglesia se politice aún más, era casi inevitable y no debería sorprendernos. En estos precisos instantes, por ejemplo, monseñor Antonio Arregui llama a sus fieles a las calles, pero del otro lado, monseñor Luis Alberto Luna Tobar les pide que se queden en sus casas. Unos harán misas campales para expresar sus preocupaciones por el proyecto de nueva Constitución; mientras que los otros pasaron la semana entera colgando letreros en las iglesias, con ayuda oficial, para quejarse de esa iniciativa.

El ala izquierda de la Iglesia católica hoy apoya vergonzosamente el proyecto totalitario de un “infiltrado” –como lo llamó Alberto Acosta– que apareció de la noche a la mañana para insultar y vejar a cualquiera que se le oponga. ¿Qué diría monseñor Leonidas Proaño de ver a algunos de sus discípulos colaborando con un régimen que reparte contratos multimillonarios a dedo con ayuda del PRE, la Izquierda Democrática y otros restos de la partidocracia? Me imagino que el olor a santidad de ese dinero será muy atractivo, pero, ¿esa es la Iglesia “de los pobres”? ¡Por favor!

La derecha de la Iglesia católica no anda más acertada porque predica que los grandes beneficiados de la nueva Constitución serán los homosexuales, las feministas y las mujeres desesperadas que quieran abortar, olvidando que las dictaduras no perdonan a nadie, y que por mucho que Correa les haya ofrecido el oro y el moro a los gays, las feministas, los indígenas y los ecologistas, cuando el gran fraude se haya impuesto los perseguirá con la misma saña a todos, como no hizo distinción entre los “hermanos” de Dayuma y los “pelucones” de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Así que simplemente deberíamos ponernos de acuerdo en que los sacerdotes tienen derecho a hacer política, sin importar a qué bando pertenezcan, derecha o izquierda, con la única condición de que no critiquen hipócritamente a los que hacen lo propio desde la otra orilla.
Cuando Fernando Vega fue candidato a asambleísta, la derecha de la Iglesia lo criticó; pero ahora que Arregui se opone al nuevo proyecto de Constitución, la izquierda le niega ese derecho. Pónganse de acuerdo.

Esta actitud intolerante es un reflejo de esa tendencia humana que nos lleva a creer que nuestro grupo siempre tiene derecho a opinar porque proclama la verdad, mientras que el otro bando tiene que permanecer callado y cruzarse de brazos porque representa a los malos. Como yo estoy con los pobres, con los piadosos, con la moral cristiana, con la ética laica, con Dios, con la Pacha Mama o con lo que sea, entonces tengo derecho a manifestarme, los demás no. Esa es, precisamente, la ideología correísta que nos está llevando al totalitarismo.