La Iglesia católica ha intervenido en asuntos políticos, aunque aclara que no “partidistas”.

1874. Mediante decreto ejecutivo,   Gabriel García Moreno ordena la consagración de Ecuador  al Sagrado Corazón de Jesús. 1906. Mediante Constitución,  Eloy Alfaro da paso a la  prohibición de  toda manifestación pública de corte  religioso.

Veinte años después, con  la doctrina liberal aún  vigente, decenas de  mujeres   se rebelan en Guayaquil y, de casa en casa,    piden a los creyentes que exhiban  en sus     ventanas  y balcones   la imagen  del también  llamado Cristo Rey, una práctica que ¬aunque entonces ilegal¬   se fue  convirtiendo en  una tradición. 

La iniciativa    termina, pese a la ley,  con una masiva concentración presidida por el monseñor Carlos María de La Torre, entonces administrador apostólico de la ciudad y,  más tarde,  primer presidente de  la  Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), constituida en 1959.              

El hoy titular de la CEE, Antonio Arregui, ve una similitud entre ese proceso y la coyuntura reciente. Las misas campales convocadas para hoy en Guayaquil –a dos semanas del referéndum del  proyecto constitucional cuestionado por la Iglesia–  también han generado críticas en sectores oficiales que, aunque no las prohíben, rechazan que no se den en una fecha católica tradicional y  que se empleen  imágenes religiosas. 

En 1906, por separar al Estado de  la Iglesia, el clero calificó a la Carta   de Alfaro como “atea”.  Y  fue precisamente el líder liberal quien, en figura de bronce, “inspiró” a la reciente Asamblea de mayoría gobiernista.

 “Como en aquella época,  se  conserva esa entraña de laicismo. Pero una cosa es el laicismo, ese sano que dice que lo civil y político se rigen con autonomía de la Iglesia, y otra es el laicismo antieclesial, vivir como si Dios no existiera sin respetar a quienes creen”, comenta Arregui. 
 
Históricamente, la Iglesia católica  se ha proyectado como una influyente  fuerza  a la que ¬según la coyuntura¬ se ha considerado  aliada del poder político y la llamada a mantener el orden  o a abogar por él.

Los ejemplos son numerosos. En las administraciones de  José María Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena  (1961-1963), la mirada internacional estuvo fijada en la revolución cubana. En Ecuador se  reflejó, por ejemplo, en la radicalización del movimiento estudiantil con la aparición de la Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas y las protestas  sindicales. La Iglesia organizó   procesiones y misas con la imagen del Jesús del Gran Poder y pidió   romper relaciones diplomáticas con Cuba. El monseñor  De La Torre lanzó una condena al comunismo por considerarlo “contrario a las costumbres”.

En la historia reciente también se cuentan  casos. En abril del 2004,  la CEE  redactó una carta en la que señaló al entonces presidente  Lucio Gutiérrez como “el primer responsable” de la crisis de gobernabilidad del país y agregó que no pensaba defender “ciegamente” al  Gobierno.

Arregui, entonces vicepresidente de la CEE, afirmó que Gutiérrez  era el responsable de “lo bueno y de lo malo” que sucedía. “Si algún día se sintiera incapaz de manejar el país, lo correcto es que renuncie”.

Cuatro años antes, en enero del 2000,  la Iglesia  había llamado a “conservar la institucionalidad”, mientras los indígenas exigían la renuncia del entonces presidente Jamil Mahuad.

La Conferencia, sin embargo, justifica este tipo de acciones, pues establece diferencias en la intención de sus acciones. “La política es todo lo que busca el bien común y, en esa línea, todos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de hacer política. Lo que no debe hacer el clero es política de partido. El Gobierno dice que hacemos política y olvida que buscó a un sacerdote (el ex asambleísta Fernando Vega) para que haga política de partido”, menciona Mario Ruiz Navas,  de la CEE.

 El monseñor Roberto Pazmiño, párroco de la iglesia Corazón de Jesús, señala que, como Iglesia, se opina en temas que van “en contra” de los principios cristianos. “No decimos voten de determinada manera”.

Pero en ocasiones, la confianza del Estado en la participación de la Iglesia ha llegado a tal punto que la ha buscado con el deseo de delegarle asuntos de interés nacional. En 1991, Rodrigo Borja planteó ante las Naciones Unidas el llamado “arbitraje papal” para que el Vaticano medie en el conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú.

Intervenciones

2000, enero
Plazo.  Seis meses da la CEE para que “los líderes del país” muestren señales de cambio en el manejo de la política; de lo contrario, “va a haber un descontento general”.

2001, enero
Visita.  La CEE se reúne con el presidente Gustavo Noboa para expresarle “la angustia que vive el pueblo” por las últimas medidas económicas.

2001, julio
Mediación. La Iglesia  dice estar dispuesta a  mediar en un diálogo entre León Febres-Cordero y Rodrigo Borja para contribuir a la calma.

2002, marzo
Llamado. Los padres Eduardo Delgado y Alberto Luna convocan a la centroizquierda  para buscar un candidato de consenso.

2004, abril
Carta.  La CEE señala que “la incoherencia de los electores y  elegidos, el obstruccionismo ciego de ciertas oposiciones, el obsesivo afán de escándalos (...) configuran una realidad social ajena a la verdadera democracia”.

2005, marzo
Llamado.  La  CEE insta  al Gobierno y a la oposición a dialogar para superar la tensión por la reestructuración de la CSJ.

2005, noviembre
Reforma.  La CEE critica el sistema político y respalda una consulta popular  para elaborar una Constitución.

2007, septiembre
Participación.  La Iglesia  tiene representantes en la Comisión de la Verdad, la Junta Consultiva de Cancillería y en la Comisión de la Crisis Económica.

Antonio Arregui
PRESIDENTE DE LA CEE
“Una cosa es el laicismo y otra el laicismo antieclesial, vivir como si Dios no existiera sin respetar a quienes creen”.