Un renacimiento muy anunciado está en proceso en las ciudades más importantes de Colombia, y pocos lugares lo capturan mejor que el Parque de la 93, una isla tranquila y frondosa de cafés al aire libre, donde los bogotanos escuchan jazz, prueban cerveza local o cenan langostinos de Cantabria. Así que se puede imaginar la sorpresa, hace unas semanas, cuando 300 personas desplazadas por los enfrentamientos en la zona rural trataron de ocupar el parque para exigir mayores beneficios.
Los refugiados manifestantes, entre los que se contaban unos 30 niños, sirvieron como un recordatorio de que si la capital de Colombia aspira a un futuro brillante, gran parte del campo que la rodea no lo hace.
Allí, en las aldeas y las selvas, Colombia sigue en guerra, como ha estado durante generaciones.
Así, el ambiente plácido en Bogotá acentúa no tanto un futuro brillante para Colombia, sino la discrepancia entre sus ciudades en ascenso, Bogotá y Medellín, en particular, y sus áreas rurales, atascadas en el horror.
Quizá sólo en un país como Colombia, donde la guerrilla rural y las contrainsurgencias tienen décadas de pelearse, pueda tal disfunción parecer normal.
Hace apenas unos cuantos años, las ciudades más grandes de Colombia también eran violentos campos de conflictos; había bombazos intermitentes en la capital y una tasa de asesinatos horrenda en Medellín, al tiempo que los capos de la cocaína luchaban contra la policía.
En esta década, en toda Colombia, ha habido una baja en el nivel de violencia extrema, no la suficiente para terminar con el desplazamiento rural y el conflicto, pero la suficiente como para que alcaldes restauren un sentido de seguridad en las dos ciudades más importantes.
Un resultado ha sido que ahora tienen centros prósperos y habitables. Sin embargo, las ciudades parecen estar en un país diferente de las áreas rurales que son el dominio de una gama vertiginosa de ejércitos privados, entre ellos las FARC y los grupos paramilitares renacientes de ala derecha con nombres como Nueva Generación y Águilas Negras.
Los colombianos explican el contraste con otra expresión: “ausencia del Estado”.
“Esta ‘ausencia del Estado’” permite que Colombia sea un país de señores —el señor de la droga, el señor de la guerra, el señor de la tierra”, dijo Silvana Paternostro, quien escribió el libro Mi guerra colombiana sobe la vida rural y urbana de su familia durante el conflicto.
“Todo lo rural ha sido menospreciado, desairado y lo que ocurría era una larga lista de horrores. Sucedía abiertamente, bajo las narices de todos, sin embargo, la capital estaba muy ocupada con su nueva restauración”.
En la izquierda estaba Manuel Marulanda, estratega que dirigió las FARC por más de cuatro décadas, hasta su muerte por causas naturales, en marzo.
Hoy, su grupo aún tiene a unos 700 rehenes, incluso después del dramático rescate del Gobierno, en julio, de 15 cautivos destacados, entre ellos Ingrid Betancourt, política franco-colombiana.
En ese mes, la liberación de Betancourt permitió a los colombianos soñar por un momento que podía estar aproximándose la etapa final de su guerra; el ejército colombiano se ha infiltrado en los puestos de las FARC en la selva, de manera mucho más efectiva.
Sin embargo, el cultivo de coca sigue en aumento, los rebeldes todavía siembran minas terrestres y las bombas aún explotan. El conflicto sigue cambiando a áreas más remotas, y los recordatorios del mundo sombrío fuera de las ciudades llegan hasta aquí.
Un niño refugiado afuera de los cafés al aire libre pide vivienda. Y cuando eso sucede, puede parecer que los horrores de las guerras han sido fusionados a la esencia de la ciudad.
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