En el transcurso de la próxima semana, el fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, responderá el pedido de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Quito, para que inicie una instrucción fiscal en  contra del arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui, dentro del caso que investiga un presunto perjuicio al Estado de $ 6,7 millones.

A más de Arregui, la Sala pide incluir en la instrucción a Esteban Celi de la Torre y a Francisco Murgueytio; así como pidió reabrir la investigación contra Álvaro Miño, Mónica del Carmen Terán y Adrián Galindo Pinto.

El caso, iniciado en el 2006, determina que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) supuestamente se benefició con la compra de bienes de Filanbanco utilizando papeles que llegaron a su poder con un descuento de hasta el 50% de su valor nominal, para luego pagar con esos certificados, pero al 100% de su valor.

Por el momento, Freire aseveró que estudiará el pedido y, de ser procedente, iniciará la instrucción fiscal, aunque aclaró que por mandato legal los fiscales son los encargados de la investigación de un delito; por tanto, no les pueden ordenar sino sugerir el inicio de una investigación.

De ahí que Freire revisó ayer el texto de la solicitud de la Sala y se aprestaba a responder el mismo con una aclaración sobre este punto.
La Sala acusó, además, a Carlos Hidalgo Terán, Stella Izurieta Cardozo de Neuman y a Julio César Rada, del delito de peculado en el grado de autor, por  participar en la transferencia de bienes.

Además, confirmó el sobreseimiento definitivo de monseñor José Vicente Eguiguren, en ese entonces secretario de la Conferencia, y sobreseyó en forma provisional a  Muñoz y a Terán.

En tanto, el ex presidente de la CCE y obispo de Portoviejo, monseñor Mario Ruiz, sostuvo ayer que la institución respalda a Arregui por las acusaciones de supuestos actos ilícitos en la negociación de bienes entre la Curia y  Filanbanco.

Este hecho, manifestó el prelado, se suma a varias actitudes y expresiones del sector oficial que atentan al respeto que se debe tener a la Iglesia católica y otros credos religiosos en el marco de las garantías constitucionales.