El Gobierno boliviano y la oposición dieron este sábado en una reunión los primeros pasos hacia un acuerdo que frene la sangrienta ola de violencia en el país, que dejó al menos 15 muertos y obligó a dictar el estado de sitio en un convulsionado distrito amazónico.
Tras un maratónico encuentro con funcionarios oficiales que finalizó en la madrugada, el gobernador del sureño distrito de Tarija, que representó a sus pares de los departamentos opositores, afirmó que tenía la esperanza de que los contactos permitan llegar a un acuerdo de reconciliación nacional.
Mientras tanto, efectivos de Ejército custodiaban las calles de Cobija, la capital del opositor distrito de Pando, luego de que el Gobierno declarara el estado de sitio después de denunciar que seguidores del gobernador provincial "masacraron" a tiros y machetazos a campesinos fieles al presidente Evo Morales.
"Después de carnicería humana que se ha vivido cerca de Cobija, en Porvenir, el Gobierno tiene la obligación de recuperar la autoridad del Estado", afirmó a una radio el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El funcionario agregó que un marino y un civil murieron durante la violenta recuperación del aeropuerto de Cobija, que estaba controlado por seguidores del gobernador local.
La televisión local mostró imágenes de varios cadáveres cargados en un camión, mientras que emisoras de radios dijeron que decenas de campesinos estaban desaparecidos tras los enfrentamientos en Pando, al norte de La Paz.
El prefecto del distrito, Leopoldo Fernández, dijo que el Gobierno distorsionó los hechos y aseguró que, con sus seguidores, va a resistir hasta con su vida.
"El Gobierno tiene una tremenda habilidad para distorsionar las cosas. Están totalmente equivocados si creen que con esto nos van a amedrentar. Ni con los tiros, ni con los muertos que nos han hecho, vamos a huir", amenazó.
La ola de violencia contra Morales comenzó hace más de dos semanas, hundiendo a parte del país en un caos con bloqueos de carreteras que dejaron a varias ciudades cerca de desabastecimiento, saqueos a comercios, quema de oficinas públicas y violentos enfrentamientos entre militantes oficialistas y opositores.
La oposición, parapetada mayormente en Santa Cruz, capital económica del país, ha prometido resistir por todos los medios contra el plan del Gobierno de consultar en enero a la población sobre una nueva Constitución que legitima su nacionalización de la economía y da más poder a la mayoría indígena.
Analistas han apuntado también que uno de los factores que más irrita a los partidos antigubernamentales, mayormente conservadores, es la reforma agraria lanzada por Morales, que amenaza a los latifundistas del este del país.
Nueva reunión
Los representantes de la oposición y del Gobierno esperan volver a reunirse el domingo para darle tiempo al prefecto de Tarija, Mario Cossío, a informar a sus aliados de Beni, Pando y Santa Cruz sobre los resultados de la primera cita.
"Hemos cumplido con el objetivo de apertura y que ojalá en las próximas horas se convierta en un proceso de diálogo sostenido, que concluya en un acuerdo para resolver los problemas en el marco de una reconciliación nacional", afirmó el líder opositor.
El viceministro de Descentralización, Fabian Yacsik, quien habló en representación del Gobierno, dijo a periodistas que en el encuentro se tocaron temas como un controvertido impuesto petrolero, cuya devolución exigen las regiones opositoras luego de que Morales pasó parte de él a un fondo para los ancianos.