La Comisión que audita la deuda de Ecuador encontró indicios de "ilegitimidad" en los pasivos del país expresados en bonos Global 2012 y 2030, pero no en el tramo que corresponde a los 2015, dijo este viernes un auditor miembro de la comisión.

La auditoría es clave para que el presidente Rafael Correa avance en su promesa de reducir el peso de los pasivos del país, apelando incluso a desconocer segmentos bajo los principios éticos como la ilegitimidad.

El análisis de la Comisión determina que los indicios en ambos tramos de la deuda pública ecuatoriana obedecen a un canje concretado en el 2000 para cambiar los bonos denominados Brady por los actuales Global, que benefició a los intereses de los acreedores de los papeles y no los del país andino.

"Los bonos 15 no hemos tenido tiempo de analizarlos (...) pero ellos no están enlazados con la renegociacin de los Brady como los 12 y 30", dijo Hugo Arias, miembro de la comisión multisectorial, que cuenta con asesoramiento externo.

Los bonos Global 2012 y 2030 fueron negociados por el entonces presidente Gustavo Noboa (2000-2003), tras una grave crisis bancaria, que llevó al país a dolarizar su economía, y que buscó mejorar las condiciones de su deuda externa.

Mientras que los bonos 2015 se emitieron en diciembre del 2005, con un interés del 9,375 por ciento, menor al de los otros dos tramos. Los tres bonos suman un capital de unos 3.800 millones de dólares.

Los resultados que arroje la investigación de la deuda han despertado la preocupación de Wall Street respecto a las decisiones que pueda adoptar Correa, quien ha señalado en reiteradas ocasiones que primero cumplirá con la deuda social antes que con los acreedores, tras conocer sus resultados.

La comisión también realizará recomendaciones a Correa, un popular líder de izquierda, para que adopte medidas que permitan corregir los vicios evidenciados en los bonos Global con vencimientos en el 2012 y 2030.

Las recomendaciones podrían encaminarse por aplicar un anlisis legal de la deuda extera del país, que suma unos 10.095 millones de dólares, lo que podría conllevar acciones legales en cortes internacionales. Las otras podrían ser una renegociación o una moratoria unilateral, según Arias.

Desde que asumió el cargo en enero del 2007, Correa ha mantenido encarrilados los pagos de sus oobligaciones con los acreedores.

La última palabra la tendrá el mandatario, agregó el auditor.