No pago de deuda.

El presidente Rafael Correa reconoció que toda inflación puede controlarse eliminando gasto público; sin embargo, precisó que su Gobierno no dejaría de “invertir” en educación, salud, vialidad, hidroeléctricas, refinerías, utilizando los excedentes del petróleo que en gobiernos anteriores eran guardados  para el pago de la deuda.

“Nunca más caigamos en esos simplismos, en esas ideologías disfrazadas de ciencia, con el objetivo de servir los intereses de unos cuantos, porque guardando la plata del petróleo se garantizaba y hasta se anticipaba el pago de deuda y se llenaban los bolsillos los especuladores financieros, mientras nosotros no teníamos nada”, dijo  en la parroquia de Nanegal (noroccidente de Pichincha).

Correa señaló que, si los anteriores regímenes hubieren hecho las inversiones en su debido momento, el país se habría ahorrado miles de millones de dólares que servirían para las “necesidades del pueblo”.

El Jefe de Estado atacó una vez más al gobierno de Lucio Gutiérrez como un ejemplo de lo que no se debía hacer, ya que, pese a los excedentes petroleros de esa época, él prefirió destinarlos a fideicomisos y el pago de la deuda y; criticó a los analistas que califican como “gasto público”, la compra de tomógrafos, la entrega  de uniformes y útiles escolares, la construcción de refinerías y el inicio de proyectos hidroeléctricos.

Correa, quien insistió en el apoyo al Sí en el referéndum,  firmó como testigo  el acuerdo para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico “Sistema Integrado Guayllabamba” que fue presentado por Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, junto al ministro Alecksey Mosquera, Édgar Ponce, vicepresidente del Consejo Nacional de Electrificación,  y el representante de Hidroequinoccio (empresa creada para generar energía en el sector), Gustavo Darquea.

El sistema está compuesto por 11 represas que se instalarán a lo largo de la cuenca del río Guayllabamba con una capacidad de 1.670 MW, que asegurará una provisión de energía eléctrica para los próximos 50 años en la provincia y significaría el 80% más de la potencia hidroeléctrica instalada actualmente en el país.