El Gobierno analiza una propuesta de arreglo, enviada el martes pasado por la firma brasileña.

La central hidroeléctrica San Francisco, de propiedad del Estado y ubicada en el cantón Baños (Tungurahua), amaneció ayer con mayor resguardo militar, por pedido del Ministerio de Electricidad.

Jorge Glas, presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, dueño de Hidropastaza, administradora de la central, descartó el término militarización. “Solo hay militares resguardando..., no hay administración militar”, dijo.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispuso a la brigada 17 Pastaza reforzar el personal uniformado, para vigilar la infraestructura, que genera 230 megawatios de energía y que por daños en los rotores de las turbinas está parada desde el 6 de junio pasado.

Fabián Narváez, general de la cuarta división Amazonas, confirmó que desde la tarde del martes se movilizó a cien efectivos y agregó que, a pesar del ingreso militar, “todo está en calma y sin novedades”.

El aumento de los uniformados (porque siempre tuvo militares) obedece, según Glas, “a la obligación de precautelar los intereses del Estado”.

Según fuentes militares que ayer estuvieron en los diferentes sectores de acceso a todas  las instalaciones de la Central Hidroeléctrica San Francisco, desde aproximadamente las 16:00 del martes comenzaron a salir los pelotones desde la Brigada de Selva Pastaza 17 para tomar posición en los ingresos de la generadora.

En las ventanas de ingreso al túnel, en la chimenea de la Central y en el cuarto de máquinas, se pudo evidenciar grupos de diez militares, que acompañaban al personal de vigilancia privada. Personal uniformado, que prefirió la reserva, mencionó que aunque el resguardo del ejército es permanente, en esta oportunidad se hace más notoria por los cuestionamientos del Fondo de Solidaridad, de la Secretaría Nacional Anticorrupción y del Ministerio de Energía a la brasileña Odebrecht, constructora de la central.

La hidroeléctrica pasó a manos del Estado el 6 de noviembre del 2007, luego de pagar la última cuota (de $ 25 millones) por el paquete accionario que estaba en manos de Odebrecht. Al terminar esa operación, el Estado se transformó en el único dueño del proyecto. Antes de noviembre la obra le pertenecía en el 80% al Estado y en el 20% a la constructora.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), la central hidroeléctrica San Francisco aporta con el 9% de la demanda nacional de energía y representa un ahorro de $ 100 millones en la importación de combustibles (sobre todo diésel), que son usados para la operación de las generadoras termoeléctricas.

La central demandó una inversión de $ 355 millones, de los cuales $ 317 millones fueron para la construcción, $ 2,5 millones para la fiscalización y $ 35,5 millones para otros costos de la concesionaria. Odebrecht remitió al Gobierno -la noche del martes- una propuesta de arreglo, por los daños registrados en la planta. Las autoridades analizan la oferta.

DETALLES: Infraestructura

Cuestionamientos
El Fondo de Solidaridad y la Secretaría Anticorrupción denunciaron que Odebrecht es responsable de las fallas en la infraestructura, lo que provoca pérdidas de $ 200 mil diarios.

Daños
Según la propia empresa, se encontraron grietas por fallas geológicas, acumulación de sedimentos, desperdicios en la chimenea y desgaste en los rodetes de las turbinas.