Al menos ocho personas murieron hoy en Bolivia en un enfrentamiento entre civiles dentro de la ola de violencia que vive por tercer día consecutivo el país, azotado por las protestas contra el Gobierno de Evo Morales en varias regiones autonomistas.

El enfrentamiento más grave de este conflicto se produjo hoy en las cercanías de la norteña y amazónica ciudad de Cobija (capital regional de Pando), donde grupos de opositores y de afines al Gobierno se enfrentaron con armas de fuego esta madrugada.

Un ingeniero de la Prefectura de Pando, un concejal de la localidad de Porvenir y dos campesinos murieron en este choque, según el primer informe del Gobierno que horas más tarde elevó a ocho el número de fallecidos, sin descartar que haya más víctimas.

Además, unas treinta personas resultaron heridas en el enfrentamiento.

Hugo Mopi, portavoz de la prefectura de Pando, opositora a Morales, dijo por teléfono a la AP que el fallecido es un opositor, y señaló que el choque ocurrió a 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital del departamento amazónico de Pando, fronterizo con Brasil, a 610 kilómetros al norte de La Paz.

El viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, confirmó en rueda de prensa del fallecimiento de un funcionario de la prefectura de Pando y aseguró que tenía informaciones extraoficiales de otros tres fallecidos, entre ellos dos campesinos.

"Esto se está convirtiendo en violencia interna y vandalismo por lo tanto los responsables de estos lamentables acontecimientos son los prefectos (gobernadores) opositores y (líderes) cívicos que siguen convocando a la violencia", dijo Gamarra.

La delegada presidencial Nancy Texeira informó a la emisora Erbol que los muertos son tres y que hay 20 heridos.

Vamos a aguantar hasta donde podamos pero la paciencia tiene un límite, dijo el jueves el presidente Evo Morales durante un encuentro con grupos afines en el Palacio de Gobierno en La Paz.

Los enfrentamientos comenzaron en la madrugada del jueves cuando opositores, en su mayoría funcionarios de la prefectura de Pando, emboscaron a campesinos leales a Morales que se trasladan a una localidad cercana a Cobija para reunirse.

La Prefectura de Pando es conducida por el prefecto opositor Leopoldo Fernández.

Más heridos

Otras 80 personas sufrieron contusiones en otro choque entre bandos rivales que se prologó hasta la medianoche del miércoles en la sureña ciudad de Tarija al sur del país, según informes policiales y de prensa.

En esa ciudad sureña, campesinos afines al mandatario resistieron la toma de su sede sindical y un centro de abasto. Los bandos se enfrentaron con palos, piedras y dinamita. Uno de los heridos perdió una mano por una explosión, informó Erbol.

Los hechos de violencia en las regiones comenzaron el martes con la toma de oficinas del gobierno en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, en el oriente, y Tarija, liderados por prefectos opositores que impulsan gobiernos autónomos en sus regiones y rechazan el proyecto constitucional que impulsa el mandatario.

Las protestas derivaron en la toma de dos campos petroleros por parte de grupos opositores y en la explosión de un ducto que obligó a Bolivia a reducir sus suministros de gas a Brasil.

Las protestas obligaron a cerrar varios aeropuertos en las regiones afectadas. La aerolínea American Air Lines suspendió sus vuelos a Bolivia desde el miércoles hasta que se normalice la situación, indicaron funcionarios de la empresa.

En Brasilia donde el miércoles se encontraba de visita, el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, negó versiones difundidas en la prensa brasileña de que los militares no están acatando órdenes del Gobierno, y dijo que las Fuerzas Armadas están respondiendo al mando del Presidente.

Arce dijo que la interrupción de 3 millones de metros cúbicos diarios de gas a Brasil tendrá un costo de 8 millones de dólares diarios, y calculó que la reparación se tomará entre 10 y 15 días.

En tanto, el Ministerio de Hidrocarburos dijo en comunicado que dos rupturas en un ducto en la comunidad rural de Palmar Grande en el sur del país provocaban una masiva fuga de gas y estaban en riesgo cinco comunidades rurales debido a las llamaradas.

El miércoles Morales ordenó redoblar la vigilancia militar en las instalaciones petroleras para evitar mayores perjuicios.