El gobierno italiano aprobó este jueves un proyecto de ley que prohíbe la prostitución en los lugares públicos, parques y calles, y contempla tanto a clientes como a "trabajadores del sexo".

El proyecto propone sancionar con cinco a 15 días de prisión y con 200 a 13.000 euros de multa a "toda persona que ejerza la prostitución o se beneficie de ella (los clientes, ndlr) en los lugares públicos".

El objetivo de la futura ley es dar un "golpe muy duro al mercado" de la prostitución, que conduce a la "trata de blancas" y a fenómenos "de esclavitud", declaró Mara Carfagna, ministra para la Paridad, en una conferencia de prensa tras el consejo de ministros.

El proyecto de ley no vuelve ilegal la prostitución, pues no sigue siendo considerada como delito si se ejerce en lugares privados.

Los proxenetas que serán detenidos por poner en la calle a prostitutas menores se arriesgan ahora a "penas que van de 6 a 12 años de prisión, y a una multa de entre 15.000 y 150.000 euros".

Respecto a los clientes de prostitutos o prostitutas menores, serán castigados con una pena de prisión de seis meses a cuatro años y con una multa de 1.500 a 6.000 euros.

Los "trabajadores del sexo" de menos de 18 años que no tengan la nacionalidad italiana podrán ser deportados a sus países de origen en el marco de una enmienda a otro proyecto de ley sobre seguridad, que actualmente examina el Parlamento italiano.

En junio, el ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, miembro del partido populista y anti inmigración Liga del Norte, se había pronunciado por la creación de "barrios calientes" donde la prostitución sería tolerada para controlar mejor el fenómeno.

Según cálculos de las asociaciones, de 50.000 a 70.000 personas - la tercera parte de ellas extranjeros - se prostituyen en Italia y 65% de los "trabajadores del sexo" ejercen en la calle, mientras 20% serían menores.