- SEP. 10, 2008 - Foto - El Gran Guayaquil - EL UNIVERSO
La Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) ingresa, desde la semana pasada, los datos de las citaciones que tienen nuevo formato para la reducción de puntos.
Funcionarios judiciales, viales y transportistas tienen distintos criterios respecto a la aplicación de la nueva normativa de tránsito. En Quito aún se analizan procedimientos.
Diez días después de que los vigilantes de la CTG salieron a las calles con una nueva boleta para reducir puntos a los conductores, autoridades judiciales, de tránsito y transportistas mantienen en debate aspectos de la Ley de Tránsito que consideran de difícil ejecución mientras miles de boletas no han sido tramitadas.
Entre los puntos que se analizan están la factibilidad de realizar una audiencia oral en todos los casos de contravenciones, de emitir un acta de juzgamiento por cada sanción, y la vigencia de la norma sin que se haya publicado el reglamento.
Cuatro de los cinco jueces de tránsito de Guayaquil (que se encargarán de juzgar las contravenciones hasta que se creen despachos específicos de este tema) consideran que las audiencias orales deben realizarse solo si hay impugnaciones.
En cambio, Gustavo Donoso, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura, dice que no se trata de interpretar la ley. Asegura que la audiencia oral debe ser respetada así no sea impugnada.
El artículo 178 dice: “Las contravenciones (...) serán juzgadas por el juez de contravenciones de tránsito o por los jueces determinadas en la presente ley en una sola audiencia oral; en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de tránsito en el término de tres días, el juez considerará un término de prueba de tres días, vencido el cual pronunciará sentencia, aun en ausencia del infractor”.
El juez Quinto de Tránsito, Carlos Morales, dijo que se sobreentiende que si un conductor no presenta una impugnación en tres días, quiere decir que se ha allanado a la citación-parte por lo que no es necesario una audiencia.
Mientras que César Hermida, juez Tercero, señaló que sería imposible para un juez emitir sentencias para las centenares de citaciones que se registran diariamente. Más de 2.000 boletas giran los miembros de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) al día.
El ex asambleísta Lenin Hurtado (ex MPD), quien participó en la elaboración de la nueva ley, dijo que fue creada para que el vigilante informe la presunción del cometimiento de una contravención y no se convierta en juez. Sin embargo, dijo que si no se recibe una impugnación el Juez deberá sancionar lo que el vigilante haya señalado.
El vocero de la Policía, capitán Juan Zapata, dijo que las autoridades de tránsito y judiciales acordaron no realizar audiencias para todas las citaciones. Afirmó que no se está violando la ley sino que se busca optimizar el proceso de sanción y reducción de puntos.
NOTIFICACIONES
Lo que no tienen claro los jueces es cómo notificarán a la CTG la sanción económica y la reducción de puntos si una citación por contravención leve o grave no ha sido impugnada.
El artículo 179 señala que el acta de juzgamiento debe ser notificada obligatoriamente al organismo de tránsito correspondiente, luego de que el juez haya conocido una causa. Incluso, los jueces sostienen que dicha acta solo será levantada en los casos que se presente una impugnación.
El ex asambleísta propuso que hasta que el reglamento defina este aspecto, los jueces levanten un acta con el detalle de las citaciones no impugnadas para conocimiento de los organismos de tránsito.
TRANSPORTISTAS
Mientras, los transportistas urbanos insisten en que no se puede aplicar la ley sin un reglamento que se espera esté listo en 60 días.
El presidente del gremio, Ricardo Onofre, buscará entre hoy y mañana dialogar con el Gobierno para que exija al director ejecutivo de la CTG, Ricardo Antón, que cumpla con la tercera disposición transitoria que habla del reglamento.
Onofre está de acuerdo con la reducción de puntos, pero no con la cantidad fijada (30) por la Asamblea Constituyente. Además, planteará que la ley se aplique un año después de que sea difundida en todo el país.
Dijo confiar en que el Gobierno considere una reforma porque no se puede aplicar esa “ley similar a la de España, donde aspectos como la educación vial están muy adelantados”.
En Quito, las autoridades siguen analizando procedimientos. Ayer, en la sede de la Comisión Nacional de Tránsito, trataron el nuevo formato de los partes para los delitos.