Auditoría identificó un mal manejo de las jubilaciones, así como la existencia de balances ilegales.
Una auditoría realizada por la Superintendencia de Bancos (SB) emitida el 19 de agosto pasado, reveló irregularidades en el manejo del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Empleados, Jubilados y Pensionistas del Banco Central. Entre ellas, la existencia de balances financieros “ilegítimos e ilegales” y gastos para el Banco Central que alcanzan los $ 187 millones, por el aumento continuo de las pensiones.
Según Miguel Torres, uno de los 294 empleados del Banco Central (BCE) que fue separado en febrero de 2004, la auditoría confirma las denuncias que este grupo venía haciendo en el sentido de que su despido fue un pretexto para esconder y “remediar” el enorme déficit actuarial del fondo.
Para respaldar su aseveración, exhibe el informe de la consultora chilena Primamérica, que para el 2003 identificó un déficit actuarial de $ 222 millones. Para reducir ese resultado, señaló, se recomendó la reducción de personal.
El informe de la SB establece que, en enero del 2004, el directorio presidido por el entonces titular del Central, Mauricio Yépez, violó normas constitucionales y legales. Por ejemplo, las resoluciones adoptadas permitieron que los miembros del fondo pudieran jubilarse a los 45 años y 20 de servicio. Cuando se creó el fondo de pensiones, en 1964, los requisitos eran 65 años y 35 de servicio.
Además, se habría permitido la posibilidad de “compra” de requisitos para recibir la pensión; es decir, un funcionario podía pagar por adelantado los años que le faltaban para jubilarse. Torres recordó que, por ejemplo, Ana Lucía Armijos, ex empleada del Central y ex ministra de Economía de Jamil Mahuad, estuvo entre quienes utilizaron este mecanismo.
Las resoluciones también habrían provocado una escalada de las pensiones, para beneficiar a las más altas autoridades. Según un cuadro oficial del BCE, exhibido por Miguel Torres, ex autoridades gozan de los montos más altos. Por ejemplo, Miguel Robayo, Mauricio Yépez, Hortensia Andrade, Eliza Jaramillo, Diego Regalado, Galo Valencia Stacey reciben al mes $ 2.715,4. Juan Falconí, $ 2.415 y Ana Lucía Armijos, $ 2.368,73. La política de incentivar a los empleados a obtener una contingencia vitalicia, para estimular su salida, necesitó de $ 187 millones.
La auditoría cuestiona la entrega de 20.000 millones de sucres del BCE al fondo de pensiones, así como sus inversiones en el Fondo Latinoamericano de Reservas. El mal manejo, según la auditoría, llevó a una disminución del portafolio de inversiones del Fondo de $ 100,7 millones en el 2005 a $ 11,9 millones en el 2006.