El día jueves 4, en este importante medio de comunicación colectiva, el articulista Emilio Palacio, editor de Opinión, expresa que debe efectuar algunas rectificaciones en cuanto a mis actuaciones como rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en donde reconoce implícitamente que he cumplido con mi obligación de actuar en función de los altos intereses institucionales y de los estamentos que la integran, lo cual responde a la justicia y la verdad.

Sea también propicia la oportunidad para solicitarle comedidamente que se aclare que la Universidad de mi rectoría, en la denuncia que ha presentado ante el Ministerio Público, la ha dirigido contra autores, cómplices y encubridores de lo que he identificado como acción punible y atentatoria a la integridad física y derechos humanos, no solo de nuestros estudiantes, sino de todas cuantas personas se encontraban en el interior del recinto universitario el 16 de agosto del 2008. En el texto de la denuncia que he suscrito y que acompaño en copia no se precisa la acción agresora como intento de asesinato, así como tampoco de mis afirmaciones a un canal de televisión se colige tal conclusión. Lo que han manifestado nuestros asesores y abogados defensores en declaraciones puntuales, y especialmente es que las formas en las que las agresiones se produjeron sustancialmente en ese caso particular, cual es el de un golpe propinado con un instrumento metálico en lugar sensible de la anatomía humana, por un individuo grabado en el video que hemos entregado a la prensa nacional, pudo haber causado efectos que bien podrían haber llevado a la víctima de un golpe con manopla, a situaciones de alto riesgo.

Sea permitido, por tanto, que sea el Ministerio Público y la Función Jurisdiccional en las áreas que correspondan, quienes establezcan la identidad de todos cuantos fueren responsables de los acontecimientos del 16 de agosto del 2008, su grado de responsabilidad y la sanción que se amerite en función de dicho grado.

Michel Doumet Antón,
doctor, rector de la Universidad de Santiago de Guayaquil

El martes 2, a las 19:30, al cruzar de la ciudadela Los Ceibos a Santa Cecilia, me resbalé y caí.

Los conductores de vehículos siguieron circulando a mi alrededor a gran velocidad, ignorando que había una persona caída en la vía y que podía perder la vida.

Esa calle se ha convertido en un gran peligro por la cantidad de vehículos y de buses alimentadores de la Metrovía que circulan a altas velocidades, sin que haya vigilancia alguna de parte de la Comisión de Tránsito, salvo en ciertos momentos.

Yo pregunto a la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), ¿y las demás horas del día, los ciudadanos acaso no merecemos protección?
Hasta es un problema sacar los automotores de los parqueaderos, pues como no hay semáforo que regule el tránsito, los conductores pasan raudos y prácticamente no dan oportunidad a uno de poder salir de su garaje. Mucho agradecería a la CTG que haga una inspección del lugar y dé solución a este problema colocando lo más pronto posible un semáforo, y también disponiendo rondas perennes de patrullas.

Carmen Varas de Carvajal,
Guayaquil

Probablemente todos escuchamos o leemos a diario sobre la delincuencia en nuestro país, y somos meros espectadores; miramos, nos quejamos y no hacemos más que eso.

Hasta el 31 de agosto yo fui una de esas personas, a pesar de que ya había sido víctima de un acto delictivo años atrás. Ahora mi tío de 46 años de edad se encuentra en terapia intensiva, inmóvil de la cintura hacia abajo, únicamente por detenerse en un semáforo en luz roja a las 21:00 en una de las calles más circuladas de la ciudad, esta es la avenida de las Américas, la cual paradójicamente debería ser la más segura debido al tráfico vehicular diario que existe.

Creo que usted, señor Presidente de la República, en vez de estar preocupándose de perseguir a los “pelucones”, debería perseguir a los antisociales que cada día que pasa se apoderan más de nuestras calles y que no solo se conforman con robar, sino que alzan fuego a quien se resista o no a sus ataques.

Todos deberíamos meditar sobre este tema y hacer conciencia de que nueve de cada diez personas han sufrido por la delincuencia y que la próxima víctima podría ser usted o un pariente cercano. Ya a estas alturas nos están limitando nuestros derechos de salir libremente a cualquier hora en la mañana, tarde o noche, porque a toda hora y en todo lugar suceden delitos.

Le pido al Presidente que piense que hay cosas más importantes, como la seguridad jurídica, seguridad individual de los ciudadanos, la salud y la educación, que hacer de nuestro país un circo para el resto del mundo.

Daniela Coka Avellán,
abogada, Guayaquil

Con gran preocupación veo a mi alrededor incrementarse los casos de asaltos y robos, que incluyen muchas veces secuestros a las víctimas en sus propios automóviles, o en reiteradas ocasiones la intercepción de vehículos de los cuales descienden asaltantes con armas para intimidar a las personas y quitarles todas sus pertenencias, en diversos sectores de la ciudad.

Hasta hace dos semanas, en mi equipo de trabajo de siete personas ya tres habían sido víctimas de esa última modalidad de robo. A esta fecha me sumé al grupo de las víctimas de asalto en taxi amarillo, con placas de rigor (léase placas anaranjadas y con número de la CTG). En esta clase de robo, a más del agravante económico, se encuentra el de vulnerar los sentimientos de seguridad que todos perdemos al sentirnos a merced de delincuentes. A nivel psicológico, subsiste en los ciudadanos la inseguridad  y el miedo.

Siempre pensé que de sucederme a algo así pondría todas las denuncias del caso en la Policía, pues al no hacerlo incidiría en que ellos no puedan realizar su trabajo, quedando impune el hecho y sin ser encontrados los delincuentes. Así que cuando me sucedió, llamé al 101 desde la casa de la familia que me ayudó, di los datos, incluyendo placas del vehículo. Dos horas después me llamaron para que identifique al taxi; otra señora estaba en el lugar y pudo reconocer al conductor, el cual, para sorpresa nuestra, ya estaba con otra camisa.

La Policía nos pidió que pongamos la denuncia, pues solo así podrían iniciar las investigaciones.  Luego de estar en la PJ, repetir la historia y suministrar solo al Fiscal de turno mis datos personales, me topé con la sorpresa de que el abogado del sospechoso fue a mi casa y a mi lugar de trabajo a pedirme que retirara la denuncia.

Entonces, ¿mis datos suministrados después de ser víctima de un robo, habían sido obtenidos por el sospechoso? Fueron tres los agresores y temo también que los otros dos, sin reclusión, posean mis datos. ¿Qué hacemos entonces?, ¿denunciamos?, ¿dar gracias porque no pasó a mayores y ser parte de esas estadísticas no existentes de casos sin denunciar? En mi caso acudí a la Intendencia, donde me dieron las pautas a seguir: poner denuncia contra ese abogado y solicitar boleta de auxilio. Pero, ¿qué más hacemos para tener cuidado con retaliaciones? Esto no es lo que merecemos los ciudadanos.

Mariuxi Castillo Montoya,
Guayaquil

El artículo 208, número 11 del texto de la nueva Constitución, establece como atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General y Contraloría General del Estado.

En los artículos 211 y 212, respectivamente, se dice qué es la Contraloría y se determinan sus atribuciones. En el 213 se trata de las superintendencias. En los artículos 214, 215 y 216 se aborda lo relacionado con la Defensoría del Pueblo. En el 217 se dice lo que es la Función Electoral. En los artículos 218 y 219, en su orden, se establece cómo se integra y cuáles son las atribuciones del Consejo Nacional Electoral. En el 220 y 221 se trata del Tribunal Contencioso Electoral.
Finalmente, en los artículos 222, 223 y 224 se consagran las normas comunes de control político y social.

Sin embargo, dentro del esquema el Título IV, intitulado de la Participación y Organización del Poder, Capítulo V, llamado Función de Transparencia y Control Social, que comprende cinco secciones del texto aludido, en ninguna parte de dicho título, capítulo y secciones se dice qué es la Defensoría Pública y cuáles son sus atribuciones, como sí se lo hace respecto a los otros organismos mencionados.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también debe designar al Procurador General del Estado, superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Todos estos organismos están conceptualizados y regladas sus atribuciones en el texto constitucional, pero respecto a la Defensoría Pública solo se la menciona, sin decir de qué se trata y cuáles son sus atribuciones y deberes.

Othón Olaya Seminario,
abogado, Guayaquil

He venido insistiendo sobre la necesidad de un buen asesoramiento al Presidente de la República en la construcción de presas hidráulicas.

Conforme a las instituciones internacionales que rigen la técnica de estas construcciones, se puede, pero no se debe, construir presas, ni grandes ni pequeñas, en desfiladeros de ríos. La razón es sencilla, la cantidad de cantos rodados y sedimentos producidos dentro del embalse van con el tiempo disminuyendo el tirante hidráulico y consiguientemente la fuerza disminuye sobre el caudal de agua que mueve las turbinas productoras de electricidad. Este evidente caso tenemos que soportarlo en la presa del río Paute, que para complementar el embalse ha habido que construir otra presa aguas arriba del río, denominada Mazar. Con posterioridad, habrá que construir dos o tres más que vuelvan a rehabilitar el embalse. Pero, ¿a qué costo? Solo en Mazar se invertirán otros 600 millones de dólares.

Esta observación técnica en nuestro territorio está agravada, ya que los ríos están situados en los desfiladeros de la cordillera de los Andes, considerada la más joven del planeta y, por lo tanto, su corteza no está consolidada. Razón por la cual existen innumerables derrumbes, desprendimiento de grandes macizos de los cerros circundantes a los ríos, aumentando considerablemente el riesgo de que las presas no tengan los elementos que sirvieron de base para su diseño.

 Un ejemplo lo obtenemos de la mayor presa de la América del Sur, la de Itaipú, en el valle del río Paraná, entre Paraguay y Brasil. Esta no se hizo en las estribaciones de cordilleras o cerros, se prefirió realizarla justamente en el valle, que es donde técnicamente debía construirse. Esta presa costó 20.000 millones de dólares y solo en la indemnización de casas afectadas se reconocieron 500 millones de dólares. Hubo que reubicar 8.500 familias, realizar compensación de propiedades afectadas, obras para la salvación de la fauna y especies vegetales, construcción de viviendas para la nueva ciudad situada aledaña a la presa, que crece con un ritmo increíble. El vertedero de la presa desagua 64 millones de m³ por segundo. Es realmente monumental.

¿Se habrán tomado en cuenta todos estos factores para construir las presas nacionales? Obviamente que la idea de las pequeñas o grandes presas obedece a la imposición de Sierra contra Costa, pues existen grandes intereses económicos detrás de estas obras que gastarán todos nuestros recursos, y los resultados serán paliativos en corto tiempo y luego se convertirán en lastre burocrático.

En cuanto al proyecto Coca-Codo-Sinclair, se observa que se desarrollará en el Oriente. Dos preguntas surgen: ¿Por qué el proyecto fue postergado tanto tiempo? Porque no se desarrollaba en la Sierra; y, ¿por qué al proyectista de la presa no se le ocurrió hacerlo en los desfiladeros de los Andes?, porque no era el lugar adecuado. Parece que el proyecto es factible y podría tener uso indeterminado a favor de la energía.

Ahora sería menester conocer el proyecto en sí y principalmente su costo beneficio. Es conveniente que los entes gubernamentales y gremios que tengan injerencia sobre los temas hidráulicos den a conocer los proyectos de las obras en ejecución y a ejecutarse, se debatan en la Costa los temas, ya que sabemos que en la Sierra han sido aprobados, evitando que se malgaste el erario nacional, con criterios políticos en algo que debería ser de supremacía de la técnica.

Walter W. Wiesner,
ingeniero, Guayaquil