Comunas aprenden normas legales con el propósito de incentivar la paz entre los pueblos.

Hace tres semanas en la parroquia Pasa se detuvo a Galo Punina, comunero de Calamaca, acusado del robo de ganado. Los pobladores de esta comunidad y San Fernando se reunieron para determinar cuál sería el castigo al detenido.

Algunas voces pedían el baño y ortiga, practicas ancestrales de las comunidades indígenas, pero Miguel Angel Cayambe, presidente de la Junta Parroquial de San Fernando, fue el primero en oponerse, por lo que se elaboró un acta en donde el acusado se comprometió a pagar $ 250 de sanción.

Para el padre Adriano Sánchez, párroco de Pasa, esto se debe a la aparición de nuevos líderes indígenas que se capacitan mejor y sus acciones se sustentan en los derechos colectivos,
Sin embargo el párroco reconoce que aún falta bastante para el consenso en la toma de decisiones para arreglar un conflicto en las comunidades.

Recordó que la pérdida de credibilidad en la justicia ordinaria y el exceso de trámites burocráticos en la Función Judicial, contribuyeron para que en las comunidades se haya adoptado la justicia indígena.

Cayambe corrobora el testimonio del religioso y señala que “las riendas en las dos parroquias (Pasa y San Fernando) las tomaron gente joven o del nuevo milenio, que se ha dado cuenta que los involucrados son seres humanos y que para que se solucionen los litigios existe la ley ordinaria”.

Asimismo, Juan José Chipantisag, teniente político de Pasa, señala que con estas acciones se busca conservar la paz en los pueblos, y es por esa razón mantienen reuniones con todas las organizaciones para que entiendan las normas legales.

Aunque aspira que con las soluciones pacíficas no se sigan cometiendo más infracciones.

Cayambe aclara que si estos acuerdos no se cumplen, si hay una segunda o tercera infracción del mismo sujeto, “ahí sí se tendrá que hacer una buena enmienda, incluso así sea de las mismas comunidades”.

Reuniones informativas
Segundo Chaluis, fiscal indígena de Tungurahua, desde la creación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, en noviembre del 2006, busca que las comunidades hagan uso de los servicios de la oficina y no tomen acciones fuera de la ley.

El funcionario destacó que hasta el momento se han realizado cuatro reuniones informativas con líderes y dirigentes de diferentes comunidades indígenas de Tungurahua.

Para Chaluis existe aceptación entre los miembros de las comunidades rurales pues se han tramitado más de 100 casos en menos de un año, siendo los de mayor incidencia los delitos sexuales, contra la vida y el robo de ganado.

Adriano Sánchez
Párroco de Pasa
“Tratar de llegar a la gente es muy duro porque se cierra a cosas que estaban acostumbradas, como el castigo indígena”

Miguel Angel Cayambe
Presidente de la Junta Parroquial de San Fernando,
“Si hay una segunda o tercera ocasión que cae el mismo infractor, se tendrá que hacer una enmienda”