La revisión de vehículos por parte de la CTG (Comisión de Tránsito del Guayas) se ha tecnificado para realizar un cobro rápido de los onerosos impuestos que debemos cancelar.

Revisan numeración de motor y chasis, y exigen que se cuente con el kit de emergencia que también lo alquilan a  la entrada, pero omiten verificar algo sumamente importante, el estado del tubo de escape del vehículo. Nosotros, los guayaquileños, pagamos impuestos a la CTG para que nos proteja de estos atentados contra la salud y el bienestar de la comunidad, sin embargo, aquello no se cumple en lo absoluto.
Muchos taxis y buses circulan con escapes libres, además de los tuneados. Es más, ahora está de moda el retumbador o resonador, una forma de multiplicar el ruido  del escape libre, sin silenciador.

Los niveles de ruido de los automotores deben ser medidos de acuerdo con lo establecido por la norma ISO 150R-362; estos deben contar con un dispositivo silenciador de las explosiones por fugas de gases, de manera que en ningún caso se llegue a un nivel de ruido superior al que se establece para cada una de las categorías de vehículos que se especifica.

Es necesario, además, prohibir la circulación de los citados vehículos que, en lugar de tener un silenciador eficaz para los gases expulsados por los motores y respetar a los ciudadanos, siguen instalando un incompleto, inadecuado o deteriorado sistema, y lo que es peor, con tubos resonadores.

Jorge Torres,
ingeniero, Guayaquil

‘Ruido aumenta estrés’. Este titular apareció en la primera página de una de las secciones de Diario EL UNIVERSO el miércoles 6 de agosto del 2008. En la nota se invoca el artículo 607 literal A del Código Penal, que trata de las Contravenciones Ambientales. Las contravenciones deben ser conocidas por los intendentes y comisarios de Policía, y no necesariamente requieren de denuncia previa. Sin embargo, y para conocimiento del intendente y de sus comisarios, le comento que en La Garzota 2 hay una  villa  con alarma que a cada rato suena, sin que nada ni nadie la haga callar y sin que  servicios técnicos de esa empresa tomen cartas en el asunto.

Los ruidos que salen de dicha alarma alteran la tranquilidad del sector, son contaminantes (la contaminación no solo es humo, también es ruido). Hagan algo al respecto intendente, comisarios, en el sector, pues poco o nada se sabe del accionar de ustedes.

De igual manera, CTG (Comisión de Tránsito del Guayas), haga algo. En el mismo artículo periodístico se invoca el artículo 87 literal A de la Ley de Tránsito, que sanciona con multa del 10% de un salario mínimo por uso indebido de pitos y bocinas. En mi ciudadela (La Garzota 2) debemos soportar los estruendos que desde tempranas horas de la mañana hacen con sus cornetas camiones de ciertos negocios para que les abran las puertas.  A esas mismas empresas llega todas las noches el carro recolector de basura y no contentos con el ruido de sus motores y escapes, se ensañan con los moradores del sector con sus cornetas de alto estruendo. Ya pongan fin a esto. Señores de la CTG, ¿por dónde andan que no sancionan a tanto indolente que utiliza la bocina, el silbato o la corneta por puro gusto, o porque alguien va delante de ellos?

Francisco Silva T.
Guayaquil

Veo la necesidad de insistir en el asunto del ruido por el bienestar de toda la colectividad.

El 6 de enero de este año se publicó en esta sección del Diario una carta mía sobre el “ruido de aviones”, particular que lo presenté también a la Dirección de Aviación Civil (DAC), cuya respuesta –aparte de informarme de que dentro de las medidas tomadas por la institución se exige que las aeronaves nacionales y extranjeras cumplan la disposición de la Etapa III referente a la intensidad del ruido– no dio ninguna esperanza de que se pueda hacer cumplir la ley contra los aviones 727 y 737, que generan el mayor ruido que sobrepasa los 100 decibeles, a lo cual se suma el ya normal (causado por pitos, motores, maquinarias, alarmas...) prevaleciente en Guayaquil.

Ante mi desesperación en poder evitar lo infernal de los “titanes del ruido” (aeronaves con turbinas obsoletas), pues vivo en la ciudadela Albatros, donde sufro esas molestias por los aviones que despegan de la pista del aeropuerto hacia el sur, investigué a fondo las regulaciones existentes. Presenté de nuevo a la DAC un extenso análisis sobre manejo de esta situación que constituye un martirio no solo, como insisto, para las ciudadelas que estamos alrededor del aeropuerto, sino para toda la ciudad que es la ruta de salida de las naves y, sobre todo, debido a que las que son nacionales y las de carga no cumplen la ley en vigencia relacionada con la modificación de turbinas, y pasan a una altura mucho menor que la establecida, generando un ruido de dos a tres veces lo permitido.

Obtuve de mi estudio estas conclusiones importantes que no las rebatió la DAC:

1º La ley ecuatoriana estableció en el 2002 que las regulaciones de las FAA de los Estados Unidos son aplicables obligatoriamente en  Ecuador, incluso las futuras.

2º Los plazos para el cambio de turbinas o instalar silenciadores en aviones ya caducó en Estados Unidos y en Ecuador.
3º Los plazos para implementar las especificaciones de la Etapa III concluyeron en diciembre del 2004 y debían ser aplicadas sin excepción desde el 2005, no solo en relación con la parte operativa sino con la reducción del ruido por modificación o cambio de turbinas.

4º Las medidas operacionales dadas por la DAC no son factibles de aplicación a los aviones con motores de turbinas obsoletas, pues no pueden alcanzar las alturas  estipuladas.

5º La realidad es que  los aviones 727 y 737 sin modificar turbinas producen ruidos insoportables que sobrepasan los 100 decibeles en las ciudades de  Quito y Guayaquil, los cuales afectan la salud de la población.

6º La DAC no dispone de un sonómetro para medir la intensidad del ruido y poder verificar la autenticidad de los certificados que las aerolíneas han presentado para homologación en Ecuador.

7º Cualquier plazo que la DAC haya concedido a las aerolíneas para cumplir estas regulaciones ya está excedido y debe emprender una acción definitiva para solucionar este problema, o de otra manera consideramos que está actuando con negligencia o afán de proteccionismo a las compañías.

 El pedido de revisión que hice a la DAC no tuvo respuesta concreta sobre varios puntos, entre estos, si disponen de sonógrafo y hasta qué fecha les siguen dando permiso a los aviones para que cambien las turbinas, por lo que me permito insistir a nombre de toda la población afectada por el ruido que se dé atención a este problema, en razón de que ya existen las tecnologías como las normas que prohíben tal atentado a la salud y solo falta una férrea voluntad de las autoridades para su aplicación, desechando las consabidas contemplaciones, pues los seres humanos merecemos el respeto y cumplimiento de normas de salud y de protección del medio ambiente.

Arnoldo Naranjo Aguirre,
Capitán de Navío (SP), Guayaquil

En el artículo que se publicó el domingo 31 de agosto en la sección Gran Guayaquil con el título ‘Un siglo de vida’, se deslizaron los siguientes errores:

En el pie de la foto se indica que el niño Emilio Villalba es hijo de Nohelia Garzón. Él es hijo de Carolina Garzón, hermana de la  antedicha y tía del menor. Lolita de Garzón no es hija de Zoila de Tamayo (a quien se le hizo la entrevista por sus 100 años de vida), sino la nieta. Zoila de Tamayo estuvo casada con José Luis Tamayo, no con Luis Ángel Tamayo como dice la publicación.

Katherine Lorena Donoso Tamayo,
nieta de doña Zoila de Tamayo, Guayaquil

Nota de la Redacción:
Acogemos su observación.