El Gobierno emitió un decreto mediante el cual establece precios para ocho productos agropecuarios, sobre la base de acuerdos entre productores y agroindustriales. Caben, sin embargo, al menos dos preguntas: ¿funcionarán esos precios y por lo tanto habrá una estabilización de la tasa de inflación, aunque sea en lo que hace a alimentos?, y ¿beneficia esto a los más pobres?
En lo que hace a lo primero, es importante partir de una constatación: la presión alcista de los precios de alimentos en el mercado internacional tiene ahora una evolución inversa, es decir, los precios internacionales están bajando. Casi se puede afirmar que hay una correlación positiva entre precios del petróleo, valorización del dólar y precios de alimentos. Cuando baja el barril de petróleo, el dólar se aprecia y comienzan a bajar los precios de los alimentos. A ello se agregan factores coyunturales: las previsiones de producción mundial para productos como soya, maíz y trigo son en general positivas. El consejo internacional de granos ha revisado al alza sus estimaciones de cosecha para todos estos productos. Y los precios han comenzado a bajar.
Debe recordarse también que este acuerdo se relaciona con ocho productos (cada uno incluye varios subproductos) que tienen una significación importante en la canasta, pero no son todos. Quedan fuera productos perecederos, como hortalizas, frutas, carnes y pescados y tubérculos. La evolución de estos dependerá no tanto de los precios externos, sino de la producción nacional y del abastecimiento reducido que proviene de los países vecinos. Lo cierto es que ellos no son materia de apoyos importantes de parte del Estado, en campos como fertilizantes, semillas y crédito. A ello debe agregarse los factores estacionales normales, que regula la oferta.
Por todos estos factores pienso que el decreto funcionará, pero de manera limitada. Es muy posible que la presión alcista en los precios provenga de estos productos perecederos, como consecuencia del invierno prolongado, del incremento de demanda que ocurre normalmente en el cuarto trimestre del año y de la ausencia de políticas efectivas de apoyo a estos productores. Sin embargo, se debe considerar que los precios mundiales volverán a crecer, cuando las condiciones de la economía mundial cambien.
¿Benefician estos acuerdos a los pobres? Diría que no. Ello por al menos dos motivos: los pobres son en una alta proporción rurales y la pobreza más dura es también rural. Ellos obtienen sus alimentos de su propia producción o de mercados informales, donde la capacidad de control del Gobierno es nula. En esos mercados la discrecionalidad de los intermediarios y tiendas rurales es muy fuerte. Pero tal vez, más grave aún, las medidas de control desincentivan la producción de alimentos, con el consecuente impacto sobre los ingresos de los pobres rurales, sea como productores, sea como trabajadores agrícolas. Ello tiene a su vez un efecto indirecto sobre las actividades no agrícolas, otra opción de ingresos para los pobres rurales.
¿Beneficia esto a los pobres urbanos? Ello es al menos discutible en la medida que ellos no compran sus alimentos en los supermercados, compran pequeñas cantidades y muchas veces lo hacen a crédito con las tiendas y expendedores barriales. Los precios para ellos pueden ser más altos.
El Gobierno debería, en consecuencia, poner énfasis en fortalecer sus programas agropecuarios y rurales, incrementando sustancialmente sus inversiones en la agricultura, incluyendo acciones de impacto rápido en la producción alimenticia, especialmente de perecederos. En esta producción, los pequeños productores pobres son mayoría.