El Gobierno de Colombia destituyó este lunes a un comandante regional de la policía, mencionado en una interceptación telefónica a un encarcelado empresario acusado de nexos con un prófugo narcotraficante, informaron fuentes de la institución armada.

La salida del general Jesús Antonio Gómez, comandante de la policía en los departamentos de Valle, Nariño y Cauca, se sumó a la renuncia a finales de agosto del también general Marco Antonio Pedreros, después de que fiscales comenzaron a investigar vínculos entre funcionarios del Gobierno y una red de un poderoso capo del narcotráfico.

El escándalo pone en evidencia la lucha que enfrenta Colombia para eliminar la corrupción producto del narcotráfico, después de que el hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, fuera destituido de su cargo como fiscal regional por supuestos nexos con el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario".

"El Gobierno Nacional, en uso de su facultad discrecional, ha decidido llamar a calificar servicios al Señor Brigadier General Jesús Antonio Gómez Méndez, hasta hoy comandante de la Cuarta Región de Policía, con cobertura en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño", dijo un comunicado oficial.

El Gobierno y la Dirección General de la Policía no ofrecieron detalles sobre la decisión de sacar de la línea de mando al oficial, quien recientemente negó cualquier relación con Rendón Herrera, un prófugo narcotraficante por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa de hasta 1.500 millones de dólares por información que permita su captura.

"Don Mario" es hermano de Freddy Rendón Herrera, un antiguo comandante paramilitar que se desmovilizó y actualmente permanece recluido en una cárcel como parte de una negociación de paz que permitió que más de 31.000 combatientes de esos escuadrones de ultraderecha depusieran las armas.

Colombia continúa siendo el mayor productor mundial de cocaína, con 600 toneladas anuales, pese a recibir miles de millones de dólares en ayuda de Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes y a las guerrillas izquierdistas, que obtienen millonarios ingresos de la producción y el tráfico de drogas para financiar su lucha contra el Estado.

El presidente Alvaro Uribe, el principal aliado de Washington en América Latina, extraditó en mayo a 14 ex comandantes paramilitares desmovilizados a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, después de acusarlos de romper las condiciones de su acuerdo de paz con el Gobierno.