Ecuador invitó este lunes a los relatores de derechos humanos de la ONU para que visiten el país y verifiquen el caso de la prefecta Llori, recluida en una cárcel, ante la denuncia de una ONG internacional de que la mujer es una "prisionera política" del gobierno.

La Cancillería emitió un comunicado en que anuncia su disposición a explicar "con total apertura y transparencia las situaciones jurídicas de las personas detenidas y demostrar la plena vigencia de los derechos humanos en el país".

"Eso se refleja con la invitación abierta a todos los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU -incluido el de Desapariciones Forzadas- para que puedan visitar cuando quieran el país y constatar in situ" el caso de Guadalupe Llori, según la nota.

La prefecta de la provincia amazónica de Orellana fue detenida en diciembre por los militares bajo sospecha de haber instigado una violenta huelga que afectó la producción de petróleo.

Llori fue beneficiada por una amnistía, pero continúa presa por presunto peculado. Sin embargo, la organización Human Rights Foundation (HRF) elevó una denuncia ante la ONU por lo que consideró una detención arbitraria y de motivación política.

"El caso es uno de los más escandalosos entre los prisioneros políticos del mundo y demuestra de manera grosera los abusos de poder a los que se están acostumbrando algunos gobernantes latinoamericanos en su afán de silenciar las voces disidentes en sus países", dijo HRF en un comunicado.

El gobierno expuso sus descargos ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al tiempo que denunció "la motivación abiertamente política e ideológica que tiene esta campaña mediática e internacional emprendida" en su contra, según la Cancillería.