Al ganar el Sí en el referéndum, el Congresillo ¬la Comisión Legislativa con mayoría gobiernista conformada por la Asamblea reinstalada¬ definirá las reglas para elegir a los próximos fiscalizadores del régimen.

Esta comisión conformará el provisional Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, además, aprobará la ley de este consejo en 120 días.

Hasta que eso ocurra, el consejo temporal organizará las comisiones ciudadanas que, a su vez, seleccionarán, después de la posesión de los dignatarios elegidos por votación popular el 2009, a las autoridades definitivas encargadas de la fiscalización del Gobierno. Esto es, Procurador, superintendentes, Defensor del Pueblo, Fiscal General, Contralor y otras.

El poder que tendrá este consejo en la transición es “excesivo”, por las autoridades que debe nombrar, dice  Jorge León,  catedrático de Ciencias Políticas.  “El problema es que se puede elegir a estos personeros sin la representación popular de los partidos o el Congreso”.

Virgilio Hernández, ex asambleísta de PAIS, no ve mayor conflicto porque asegura que este consejo se integrará mediante concurso público.

Pero la forma como se conformarán las comisiones que nombrarán a las autoridades desvirtúa la esencia del control ciudadano, dice Anunziatta Valdez, representante de la corporación  Participación Ciudadana. Estas comisiones tendrán diez miembros, cinco por las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia; y cinco civiles. “No pueden llamarse ciudadanas, porque estarían cumpliendo una función pública y nacen del mismo sector político oficialista”, opina.

El Consejo, el Contralor, superintendentes y Defensor del Pueblo conformarán lo que será la Función de Transparencia y Control Social; esta, con el Ejecutivo y el Legislativo, organizará la  poderosa Corte Constitucional.