El dolor que siente Luis Pinos por la muerte de su hija, Marcia,  es tan intenso como la impotencia por no poder hallar justicia. “Dejo a Dios este crimen. Ya logramos traer los restos y sepultarlos, gracias a la ayuda económica de mis familiares”, afirma Luis, quien como taxista durante 30 años logró edificar una vivienda de dos plantas en las afueras de Azogues, así como educar a sus seis hijos.

Marcia, de 31 años, había renegado de su profesión de modista y decidido ir ilegalmente a EE.UU., donde reside una hermana. En el camino  halló la muerte, el 30 de julio. Ese día, en Chiapas  (sur de México), la camioneta en la que viajaban ella y otros seis migrantes se accidentó luego de ser alcanzada por las balas en un confuso tiroteo entre los coyotes que los trasladaban, un supuesto grupo ilegal y la policía.

En el percance resultaron también heridos los ecuatorianos Edwin Álvarez Clavijo, Nelson Gonzales Clavijo, Elizabeth Sánchez López, Marco Sosa Castro y Marcelo Sabú.

Cinco días despúes en ese mismo país, cerca del municipio de Agua Dulce, en Veracruz, el vehículo en el que iban 48 migrantes fue tiroteado por la policía mexicana, según denuncia de organismos de Derechos Humanos. Falleció el ecuatoriano Peter Mora Jurado  y quedaron heridos su tío, Juan Jurado Villegas, y Verónica Requeiros Morán, de Guayaquil.

“No podemos hacer nada. Esa gente es mala y todavía mi hijo herido está allá y le puede suceder algo”, afirma Elizabeth Villegas, de 75 años, madre de Juan Jurado y abuela de Peter Mora, cuyo cadáver fue repatriado con  ayuda de la Secretaría del Migrante (Senami).

Estos dos tiroteos que han dejado dos ecuatorianos muertos y siete heridos en menos de una semana han puesto en alerta a las autoridades mexicanas y a los migrantes de Ecuador que pasan ilegalmente por ese país rumbo a EE.UU. Al parecer, bandas de plagiadores de migrantes estarían actuando en ese país.

“A partir de estos hechos y por medio de organizaciones de la sociedad civil nos hemos enterado de que hay grupos armados que estarían secuestrando a migrantes para exigir dinero a cambio de permitirles seguir su viaje... Días después logramos liberar a  20 personas retenidas por desconocidos, algunas lesionadas”, afirma Noemí Quirasco, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

Quirasco reconoce que pueden existir  muchos otros casos en los que estarían involucrados como víctimas migrantes ecuatorianos. “El problema es que estas personas no tienen el mínimo interés en denunciar. Sus familias pagan el dinero y ellos siguen el viaje; eso es lo único que les interesa”.

México es paso obligado de los  emigrantes ecuatorianos que –según algunos testimonios– se ponen en manos de mafias de coyotes, en su mayoría provistos de armas de fuego para “cuidar la carga”. Personal de la Casa del Migrante  de Tijuana y de los Derechos Humanos de Tapachula, señalan que por la sucesiva ocurrencia de hechos violentos así como por la extorsión de los coyotes, se ha creado una Fiscalía para migrantes.

Estadísticas del Instituto Nacional de Migración de México detallan que entre enero y diciembre del 2007, 1.364 ecuatorianos fueron apresados por indocumentados al ser descubiertos que viajaban ilegalmente; estos fueron expulsados o repatriados. La cifra corresponde al 2,6% del total (51.700). El porcentaje  subió este año a 3%;  entre enero y julio hubo 723 detenciones de ecuatorianos.

Pero esta difícil realidad, que no solo se circunscribe a México sino a otros países centroamericanos y a EE.UU., de donde en más de año y medio han sido deportados unos 2.000 ecuatorianos, no hace que disminuya la migración. “El fenómeno  aumenta  por la crisis económica y otros factores”, dice Pat Vintimilla, presidente de ILCI (Consultores de Ley Migratoria Internacional), con sede en Cuenca.

“La situación está dura aquí; los víveres han subido, solo sirve el palanqueo para conseguir trabajo. Mientras no haya una buena política del Gobierno esto seguirá. Mi hija sabía de los peligros, se arriesgó y falleció”, manifiesta  con rabia Luis Pinos.

Las quejas son las mismas en Cañar y Azuay. Habitantes de comunidades de Tixán (Chimborazo) afirman que la gente está siguiendo los pasos de los azuayos y cañarejos porque no pueden subsistir con los $ 5 diarios de jornal. Exigen proyectos productivos del gobierno.

Aquello se contrapone a una frase Lorena Escudero, secretaria del Migrante, quien, en folletos que detallan los planes del organismo, dice: “Estamos poniendo la casa en orden para que vuelvan, para que nadie más tenga que salir forzado...”.

Vintimilla critica el papel de la Senami: “Es solo un membrete. Se usan dineros del Estado para crear más burocracia... Lo que requieren los  ecuatorianos en el exterior es ayuda legal”, opina.

Las salidas de migrantes desde el país se dan cada semana. Familiares señalan que, por ejemplo, Santiago Rodríguez pasó por Honduras hace ocho días. Él es de Cojitambo, Cañar, y ya había sido deportado de EE.UU. pero sigue intentando. En estos días están por Centroamérica otros dos sobrinos de Pinos.

Las rutas de viaje se han diversificado. Hace año y medio las salidas eran por barco, desde las costas de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Hoy, de puertos de El Oro y del norte de Perú, como Zorritos, Pizarro y La Cruz.

Un jefe de la Armada peruana en la zona de Tumbes, que pide la reserva de su nombre, indica que pese a los operativos no  frenan los zarpes. Señala que los coyotes alquilan barcos pesqueros  en unos $ 40 mil y, dos días después de la partida, los dueños denuncian su pérdida.

En las provincias de Azuay, Cañar, Chimborazo y otras se conoce que el costo de la travesía a EE.UU. es de $ 12.000 en la actualidad. Hay otra forma. Los coyotes organizan el viaje del migrante vía aérea hasta Tegucigalpa y San Pedro Sula (Honduras)  y de ahí continúa por tierra. El valor: $ 14.000.

“Solo queda desear que les vaya bien”, dice Ubaldina Sigüenza, madre de un migrante.