Domingo 07 de septiembre del 2008 Sucesos

Cada vez más menores son utilizados en robos

MARJORIE ORTIZ

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A diario en el Hogar de Tránsito de Varones de Guayaquil ingresan menores infractores, algunos de ellos han sido usados por adultos en delitos de asalto y robo.

Cada vez son más los menores de edad utilizados por bandas de delincuentes en los robos agravados.

Los menores de edad se han convertido en un gancho para los antisociales para cometer los delitos. 

Según una estadística elaborada por este Diario a base de 1.231 partes de aprehensión de enero a junio del 2008, el 91% de los adolescentes aislados por acciones antisociales tiene entre 15 y 17 años, mientras el resto tiene de 11 a 14 años.

Los delitos más comunes en que los menores participan son el asalto y robo (en el 94%).

Sin embargo, ni los hogares de tránsito donde se aísla a los adolescentes infractores, ni la Dinapen tienen recursos para enfrentar este problema y ayudar a la rehabilitación de los detenidos.

El bus de la línea 14 pasaba por la Universidad Estatal de Guayaquil cuando tres  pasajeros se levantaron de sus asientos y dijeron: “Esto es un asalto”.

Uno a uno, los delincuentes desvalijaron de sus pertenencias a los usuarios del colectivo bajo la amenaza de disparar un revólver calibre 38, y se bajaron del transporte como si nada. Se embarcaron en otro bus, esta vez, de la línea 22. Pero a la altura de Mapasingue, en el norte de Guayaquil, dos policías motorizados detuvieron a la unidad. Los ladrones se arrojaron por la ventana de la buseta, pero fueron capturados. Dos de ellos eran menores de edad.

Ocurrió en julio pasado, pero en los últimos seis meses al menos 134 niños y adolescentes han sido utilizados por adultos para el cometimiento de delitos.

Los utilizan básicamente para que sean ellos los que lleven las armas mientras los mayores cometen los asaltos. A Javier, de 17 años, el jefe de la banda le ordenó: “Tú usas el cañón”.  Hoy, desde los patios del Hogar de Tránsito de Varones, él habla con recelo. A su lado, Carlos, de 16 años, siente vergüenza, pero también cuenta por qué asaltaron el bus de la línea 14.

“A mí no me convencieron, sino que yo andaba chiro, recién había salido de una empresa, no tenía trabajo”, dice Carlos, mientras que Javier recalca: “Yo no tenía necesidades,  no me faltaba nada. Solo quería tener plata en los bolsillos”.

Tener buena ropa y zapatos, llevar dinero a su casa, comprar droga, son algunas de las razones por las que cientos de jóvenes deciden participar en delitos junto a adultos. La mayoría proviene de familias incompletas, con padres migrantes, separados o que han sido criados por hermanos, tíos o abuelos.

La mayor parte del tiempo la pasan en las esquinas de las calles y barrios donde habitan, y suelen integrar pandillas. Desde estos grupos fácilmente pasan a la delincuencia organizada, ya sea porque los convencen los mayores o, como dicen algunos, “por voluntad propia”.

“Aquí tenemos a jóvenes que pertenecen a pandillas, casi todos vienen de hogares monoparentales (lideradas solo por el padre o la madre), desestructurados o de familias desligadas”, explica María Luisa Briones, trabajadora social del Hogar.

De por sí, señala la psicóloga Sara Groenow, la etapa de la adolescencia es difícil, con mayor razón los jóvenes que han vivido en hogares disfuncionales. “Son fácilmente manipulables”, dice ella, que trabaja en la rehabilitación de menores en el llamado “correccional”, que tiene capacidad para  100 chicos.

En las terapias que ella organiza, casi todos hablan de los problemas que han tenido en sus familias. Luis, de 14 años, por ejemplo, es hijo de padres separados, y José, de 17, registra entre su pasado familiar el asesinato de su padre en Quito a manos de un amigo que lo mató tras reclamarle un mal reparto en uno de los asaltos.

Con acciones negativas y malos antecedentes, los mayores influyen en los menores, a quienes los involucran en los delitos más comunes,  asalto y robo (en el 94% de  hechos), según los  partes policiales. El restante 6%  de delitos que cometen son secuestros express, comercio ilegal o de tipo sexual.

“Los menores son muy útiles para los asaltos, sobre todo porque ahora tenemos delincuentes que conocen las leyes y saben que para los chicos las sanciones son otras (menos severas)”, dice la fiscal Rocío Córdova, procuradora de la Niñez y Adolescencia en Guayas.

Ella ha observado con frecuencia el crecimiento de bandas delictivas integradas con menores, y, aunque no tiene estadísticas al respecto, cree que esto se debe a que la legislación ecuatoriana vigente los sanciona con más benevolencia.

Por ejemplo, si un adulto comete  un robo agravado (usando armas) puede ser sentenciado con 8 a 12 años de prisión; en los menores, en cambio, no amerita más de un año de internamiento, según lo resuelva el juez especial para los niños y adolescentes que tiene la “última palabra” en esos casos.

“La ley de adolescentes no establece el tiempo para el delito de robo agravado, eso solo queda a discrecionalidad del juez”, explica la procuradora. 

Bajo esa premisa, Carlos y Javier cumplen una sentencia de seis meses por aquel  robo al bus de la línea 14. En cambio Orlando debe estar en el centro tres meses. Él también usó el arma, por disposición del jefe de la banda, cuando asaltaron a una pareja en  Lomas de la Florida.

“Me subí con uno que era mayor. Yo tenía el arma, pero cuando  estábamos en la buseta, el man (adulto) me dijo que nos bajáramos porque había visto a   un policía vestido de civil. Al  bajarnos, robamos a unas personas que pasaban por ahí y nos cogieron”, explica con detalle.

La Florida es la zona en la que se registra la mayor cantidad de delitos, 24 de los 93 partes policiales. “Lo que pasa es que en La Florida hay una bahía, todos quieren ir a robar ahí porque la gente va con plata”, comenta.

Ahí confluyen delincuentes que llegan desde los bastiones, los asentamientos junto a la vía a Daule y El Fortín, sitios que  constituyen  lugares peligrosos, según los registros policiales.

Los moradores de ese sector, por ejemplo, atribuyen la presencia de menores en los delitos a la gran cantidad de pandillas existentes. Los chicos son abordados por los pillos y utilizados como “campaneros”, para que los alerten de la llegada de la víctima o de algún policía. Suelen vestir con doble camisa, para quitarse una y cambiar de apariencia tras el robo, además de gorra y gafas. También usan a los menores como “ganchos” para detener taxis: abordan las unidades y ya adentro amenazan a los conductores y les roban, o suelen llevarlos hasta zonas peligrosas donde los esperan los delincuentes adultos.

A los adolescentes los utilizan incluso  en los robos a carros repartidores de productos. Galo González, distribuidor de pollos en La Florida, cuenta que se traslada siempre acompañado de un guardia de seguridad armado. “A un compañero casi lo matan, por eso ahora siempre andamos armados”, explica.

Esta y otras zonas reciben permanente control policial, dice Joel Loaiza, jefe de la Policía Judicial. Sin embargo, él cree que es necesario que las instituciones involucradas en la ayuda a los menores infractores realicen un estudio sociológico para erradicar el problema desde la base de los hogares.

 “Muchas veces, los que los inducen al delito son los mismos familiares..., la Policía hace la investigación, pero no la rehabilitación, no tenemos recursos para entrar ahí. ¿No existe un Ministerio de Bienestar Social?, esto no le importa prácticamente a nadie”, sostiene.

En este Gobierno, el ministerio de Bienestar Social pasó a ser Ministerio de Inclusión Social.  Pero la rehabilitación de menores  corresponde a la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos, que tiene a  cargo hogares de tránsito donde permanecen los adolescentes.

En el de Guayaquil, por ejemplo, actualmente hay 85 menores que cuentan con una psicóloga, que no se abastece para las terapias grupales e individuales, y con una trabajadora social que no dispone de un carro para hacer las visitas a los hogares y poder hablar con las familias.

La Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia de Guayas también   tiene dificultades, pues cuenta con una camioneta y  la gasolina la deben comprar los policías con su dinero.

Los 56 uniformados tampoco tienen chalecos antibalas, armas, toletes o gas pimienta para detener a los infractores, que en Guayas en el 2007 fueron 2.617, le siguió Pichincha con  710 retenidos, pero en esa provincia operan unos 115 policías.

“No creo que en vez de enseñar a mi hijo valores, tenga que enseñarle a usar armas para que aprenda a sobrevivir”, dice el jefe de la Policía Judicial.

Rocío Córdova
procuradora de mENORES

“Los delincuentes conocen las leyes y saben que para los menores infractores las sanciones son otras (menos severas)”.

Joel Loaiza
JEFE DE LA PJ en guayas
“No creo que en vez de enseñar a mi hijo valores, tenga que enseñarle a usar armas para que aprenda a sobrevivir”.

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