Entre el neoliberalismo y el estatismo centralista es posible elaborar una tercera posición, que no antagonice  categorías como equidad y competitividad y que impulse el desarrollo de Guayaquil como parte de una región autónoma que comprenda Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

Equidad significa desarrollar políticas sociales orientadas a crear oportunidades de desarrollo para la población pobre y otros sectores en desventaja. En las áreas rurales de las tres provincias la pobreza llega al 75,8% de la población, mientras en Guayaquil se ubica en el 52%. Hay cantones como Pedro Carbo y Baba en los cuales la pobreza atenaza a más del 90% de la población.  Las políticas sociales deben apoyar, sobre todo, el sector rural pobre de la región, tanto para  cumplir con los derechos sociales de la mayoría de los ciudadanos  como para elevar la competitividad de la economía regional.

En la región el analfabetismo  alcanza al  17,3% de la población, pero el analfabetismo funcional es todavía más alto, especialmente en el campo. El 2,4% de los agricultores tiene educación agropecuaria y solo el 9% de los mismos ha recibido alguna vez asistencia técnica. Solo 22% tiene sistemas de riego y apenas el 16% de los productores ha recibido crédito de alguna fuente financiera, la mayoría a tasas usurarias. Estos son los productores que producen las materias primas y los productos de exportación que salen al mercado mundial por Guayaquil.

La mala calidad de la educación pública y su baja cobertura impiden el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y el aumento de la competitividad de la economía de la región. Lo mismo se puede decir del servicio de salud y de la  seguridad social de calidad.

Se necesita inversión en infraestructura productiva, sin la cual no puede aumentar la competitividad tanto del pequeño productor como del industrial y el exportador que compran los productos del primero. Los datos citados revelan  la escasa inversión del Estado en sistemas de riego y drenaje en la región, lo cual supone un alto riesgo y una resistencia  de los empresarios y productores a invertir en el sector agropecuario.

En el sector rural la banca privada brilla por su ausencia. En la última década se han desarrollado experiencias exitosas de cooperativas de ahorro y crédito como Jardín Azuayo, Codesarrollo, San Antonio y otras,  que son actualmente empresas eficientes que movilizan el ahorro rural y atienden la demanda de servicios financieros de la población rural. En estas experiencias está el modelo de un sistema financiero para el sector rural.

Para esto Guayaquil y la región necesitan una nueva dirigencia, que no oponga falsamente equidad y competitividad, sino que las combine, y que trabaje en la democratización y el fortalecimiento de instituciones de gobierno político local, como los  municipios e instituciones regionales de desarrollo.