Intendentes y gobernadores del país se reunieron ayer, en Quito, con funcionarios del Gobierno, para capacitarse sobre la aplicación del Decreto 1285, que fija una lista oficial de precios de doce productos.

“La represión o sanción es un arma que se utilizará como último recurso, pero no está descartada”, dijo el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante. Se busca –agregó– evitar que los comerciantes entren “en la dramática situación de romper con la ley o tener que quebrar”. La intendenta de Guayas, Fátima Campos, que ha expedido unas 300 citaciones, explicó que si en dos notificaciones no se demuestra que el alza no es del mayorista, el comerciante sería sancionado.