Autonomía y descentralización.- Este es uno de los temas más comentados, especialmente por parte de ciudadanos costeños, pues no son muchos los actores políticos o los municipios serranos partidarios de las autonomías, ni ahora ni en el pasado, incluyendo a presidentes de la República que han creído en la posibilidad del desarrollo del país con un diseño autonómico pero que a última hora han sucumbido ante los temores de causar con ello la división del Estado o la pérdida de la unidad nacional.

El proyecto contempla la posibilidad de que dos provincias vecinas se unan para lograr una  autonomía regional  si en conjunto tienen una superficie mayor de 20.000 kilómetros cuadrados y un número de habitantes superior al 7% de la población nacional (más de 966.000 habitantes, pues según la proyección del INEC la población  del Ecuador en el 2008 es de 13’805.000 personas), pero me pregunto por qué los asambleístas negaron a Guayas y a Manabí la posibilidad de formar por sí solas provincias autónomas como entiendo que era el deseo individual de cada una de ellas.

El otro caso de autonomía, según el proyecto, puede darse cuando un cantón (o cantones territorialmente contiguos) deciden constituir un  distrito metropolitano,  para lo cual se requerirá una población similar a la fijada para formar una región, lo que significa que el único que podría ser es Guayaquil, no solo porque Quito ya lo es aunque bajo otro esquema, sino porque el proyecto exige “que existan conurbaciones”, definidas estas por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia como el “conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional”.

En ambos eventos, para lograr la autonomía será necesario elaborar un proyecto de ley que deberá ser sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional (lo que significa que estará sujeta, como toda ley, a los intereses y a las negociaciones políticas), y presentar, además, un proyecto de estatuto al conocimiento y aprobación de la Corte Constitucional, luego de todo lo cual –si la ley y el estatuto tienen luz verde– se convocará a una consulta popular para que los habitantes se pronuncien sobre el estatuto. Nada fácil, ¿verdad?

Lo más importante en una autonomía real son sus competencias y sus recursos económicos, y el proyecto no está mal concebido en cuanto a que “los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado”, como es lógico que sea, pero en cambio limita las competencias de las autonomías al aumentar las  exclusivas   del Estado que pasan a ser más amplias y numerosas que las establecidas en la actual Constitución, lo cual va a contramarcha de la historia, pues como señalo en uno de mis libros sobre temas constitucionales publicado en el 2001, “la tendencia predominante actual, en América y Europa, es ir hacia la descentralización en los Estados unitarios y aun en los federales”, y “mientras mayores sean las competencias transferidas, más extensa e intensa será la descentralización”.

El asunto no es llegar a una autonomía para darle gusto a alguien o para oponerse a otro;  lo que debería perseguirse  como objetivo central –si la política fuera bien ejercida– es  beneficiar al ciudadano que vive en la circunscripción de la autonomía y poner orden en la administración pública nacional.

¿Se podrá conseguir esto con el proyecto que comento?