De confirmarse estas denuncias, se trataría de dos falsificaciones groseras en la propaganda del régimen que se transmite constantemente por los medios de comunicación, a un costo altísimo para los contribuyentes.

Ahora no solo se abruma a los ciudadanos con publicidad que no educa cívicamente sino que, además, es propaganda que se basa en mentiras burdas.

El Gobierno está en la obligación de confirmar o desmentir estas versiones y, de ser ciertas, exponer a los culpables para que reciban la sanción correspondiente.