El Estado venezolano asumió el control a partir de este viernes de la distribución mayorista de combustibles en el país, tras ser aprobada en segunda instancia una ley de nacionalización de ese sector por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

La norma, aprobada el jueves por el legislativo, establece que el Estado se hará cargo de las operaciones de distribución y transporte de combustibles líquidos, "por medios terrestres, acuáticos y de cabotaje", erradicando la participación de empresas privadas en la intermediación.

Según la nueva ley, la estatal petrolera PDVSA dirigirá toda la cadena interna de combustibles, desde la producción y refinación petrolera hasta el control del 70% de las operaciones de suministro de gasolina a las estaciones de venta minoristas.

En el mercado mayorista de combustibles operaban la británica BP y la estadounidense Texaco, en conjunto con las empresas privadas venezolanas Llanopetrol, Trebolgas, CCM, Lapetrolia, Betapetrol y Petrocanaria.

Estas firmas tienen un plazo de 60 días para negociar con el Estado el precio de venta de sus activos y, en caso de no llegar a un acuerdo, las autoridades venezolanas procederán a su expropiación, según la ley.

La medida no alcanza a pequeños propietarios ni a cooperativas de transporte, que mantendrán en sus manos un 30% del mercado de suministro de gasolina a minoristas.

Los dueños de las estaciones de servicio tampoco verán afectadas sus propiedades, pero sí deberán colocar en las gasolineras los emblemas del PDV, filial de la petrolera estatal PDVSA, cuyos inspectores supervisarán el servicio a los usuarios en esos comercios minoristas.

La nacionalización de la distribución mayorista de combustibles fue anunciada a fines de agosto pasado por el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien afirmó que con la medida se pretende eliminar la intermediación y la posibilidad del acaparamiento especulativo en el mercado.