El ex presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), será el primero en testificar en las investigaciones preliminares que abrió el fiscal general, Washington Pesántez, en los casos que indagan la supuesta alteración de textos del proyecto de Constitución y de las firmas de los asesores de ese organismo.

En el primer caso, por disposición de Pesántez, Cordero comparecerá a las 16:00 del próximo lunes. Este proceso se inició por las denuncias planteadas por el asesor de la Alcaldía de Guayaquil, Joffre Campaña, y por el ex asambleísta de la RED, León Roldós.

Entre las diligencias, Pesántez solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una copia certificada del texto de Constitución con el que se convocó al referéndum el próximo 28 de septiembre. Mientras, a la secretaría de la Asamblea pidió una copia de las actas de la sesión en la que se aprobó el proyecto de Constitución, a fin de hacer una comparación o peritaje de los textos.

Roldós denunció la semana pasada el supuesto cometimiento de fraude ideológico, que se habría perpetrado en la aprobación del proyecto de Constitución cuando la Comisión de Redacción introdujo fraudulentamente modificaciones a los textos.

En el caso de la presunta suplantación de firmas de los asesores de la Constituyente, Cordero rendirá su versión a las 17:00 del próximo lunes.

Entre las diligencias, el fiscal solicitó a la Contraloría una copia certificada del informe de auditoría que determinó la alteración de firmas de asesores de la Asamblea, y la comparecencia de Carlos Echeverría, perito que realizó el informe.

Por disposición legal, la indagación de estos dos casos se hará en forma reservada.

Bonos
Por el presunto peculado cometido en la entrega de bonos a los funcionarios de  la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, las ex autoridades de esos organismos, Xavier Garaicoa y Claudio Mueckay, deberán comparecer ante el fiscal.

En el caso de Garaicoa, según Pesántez, será convocado por tercera ocasión y con la ayuda de la fuerza pública, en virtud de que no acudió a dos llamados anteriores.

Garaicoa, según la Fiscalía, habría autorizado la entrega de fondos a la Asociación de Empleados de la Procuraduría para invertir en capacitación; no obstante, el gremio dio dos bonos, uno de $ 5 mil y otro por $ 10 mil a cada funcionario de ese ente.

Igual situación, dijo Pesántez, ocurrió en la Defensoría del Pueblo, donde se entregaron bonos, botones de oro y otros regalos en forma irregular y con la autorización del ex defensor del Pueblo.

Mueckay también es investigado por presuntas anomalías que se habrían cometido en la repatriación de cuerpos de migrantes y por supuesto tráfico de órganos.