jueves 04 de septiembre del 2008 Columnistas

¡Cuánta incoherencia!

Despotricaron contra el Fondo Monetario Internacional y contra sus asesores. Sin embargo, contrataron a dedo a la Fundación española CEPS, por 120.317,75 dólares para que por orden de Alberto Acosta, según consta del informe de Roberto Viciano, les redacte “los lineamientos políticos o líneas rojas… más una propuesta de ideas fuerza a partir de las cuales se redactarían los artículos” de la Constitución de Montecristi. Cuando los extranjeros eran del FMI, los censuraban; ahora, cuando los extranjeros trabajaron para Chávez y Morales y luego para la Asamblea, los aplauden. ¡Qué belleza de soberanía!

Despotricaron contra las fundaciones del Municipio de Guayaquil, mientras la Fundación E.dúcate, creada por la ministra Nathalie Cely, suscribía convenios por 986.000 dólares para desarrollar el programa  Más Tecnología en el año 2008. Es decir, cuando los servicios los prestan fundaciones municipales, es malo; cuando lo hacen las fundaciones de los ministros, es bueno. ¡Viva la ley del embudo!

Vociferaron en contra del quichua al señalar que incluirlo como segunda lengua oficial era  “novelería” que no reivindicará en alguna forma al sector indígena. Luego, lo incluyeron en el artículo 347, numeral 10, de la Constitución, en virtud del cual “será responsabilidad del Estado… asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral”. En definitiva, si se vota Sí, los estudiantes de escuelas, colegios de Guayaquil, Machala, Milagro, Lomas de Sargentillo, Esmeraldas, Manta y del resto del país, tendrán que aprender obligatoriamente al menos una de las siguientes lenguas ancestrales del Ecuador: awapit, cha’palaachi, sia pedee, tsa’fiqui, shuar-chichan, achuar chichan achuar, paicoca, huao tiriro, a’ingae, zápara, shiwiar chichan, y por supuesto el kichwa (quichua).

Endiosaron a la naturaleza al punto de convertirla, contra toda técnica jurídica, en sujeto de derechos. Sin embargo, celebran contratos por cientos de millones de dólares sin obtener de forma previa la licencia ambiental, que no es otra cosa que la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que contiene los requisitos, obligaciones y condiciones que el contratista debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. Es decir, proclaman una cosa y en el día a día hacen otra. ¡Qué viva la demagogia!

Se enorgullecen mostrando las manos limpias, pero cuando la Contraloría General del Estado detecta en la Asamblea graves irregularidades, que incluso constituyen delitos, los ex soberanísimos se justifican señalando que en el peor de los casos lo que habrá que hacer es devolver el dinero. Con esta lógica, que todo el mundo robe, ya que todo se borrará, incluido el delito, si se devuelve lo robado. ¡Qué lógica de la honestidad que barajan los revolucionarios!

Critican los afanes deslegitimadores de la “derecha” por denunciar que la Asamblea fue una farsa y que la Constitución, coelaborada por Roberto Viciano, fue falseada. Sin embargo, pregonan que no es necesario leerla y que los manifiestos errores serán corregidos por la Corte Constitucional, confirmando con ello que la controlan y anticipando que la seguirán controlando, una vez que se realicen los disfrazados concursos de méritos y oposición.

¡Viva la incoherencia y viva la revolución!

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