La policía desalojó este jueves con gases lacrimógenos y balas de goma a decenas de manifestantes que habían prendido fuego a un tren y varios vagones en dos estaciones de las afueras de Buenos Aires, indignados por una demora en el servicio.

Los incidentes comenzaron en la estación de la localidad de Merlo -unos 35 kilómetros al oeste de esta capital- cuando desconocidos, muchos de los cuales llevaban sus rostros cubiertos, prendieron fuego toda una formación luego de que el servicio quedara interrumpido por problemas técnicos.

Los canales de televisión locales mostraron el tren bajo fuego con llamaradas que alcanzaban los 15 metros de altura.

Cuando los bomberos habían logrado extinguir el incendio, otros incidentes similares se produjeron en Castelar -25 kilómetros al oeste-, donde manifestantes encendieron algunos vagones y atacaron a pedradas la formación, que se encontraba detenida frente a la estación de esa localidad.

Por orden judicial, la guardia de infantería desalojó a los manifestantes que se encontraban en Castelar con gases y balas de goma, y según pudo verse en la televisión, al menos un oficial de policía habría resultado herido tras recibir un piedrazo en la cabeza.

El portavoz de la compañía Trenes de Buenos Aires (TBA), a cargo de la concesión del servicio, aseguró a periodistas que  los pasajeros comenzaron a agredir a personal de la empresa a pedradas y a causar destrozos.

Gago indicó que la compañía -que a través de la llamada línea Sarmiento, que conecta la capital con el oeste de la provincia de Buenos Aires, transporta a 9,6 millones de personas al mes- no puede satisfacer la demanda y aseguró que la situación está  saturada.

La policía aún no ha reportado la cantidad de heridos o detenidos durante los incidentes.

Los ferrocarriles argentinos fueron fundados por compañías inglesas en el siglo XIX. En la década de 1940, el entonces presidente Juan Perón los devolvió al Estado como parte de su plan nacionalización.

En la década de 1990, cuando su estado era ya miserable, fueron privatizados por el entonces presidente Carlos Menem, pero continúan recibiendo subsidios del Estado, que superan los 80 millones de dólares al año.