Las normas que se elaboran son de las áreas de minería antimonopolios, electricidad, etc.

La Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Consejo de Competitividad son las instituciones gubernamentales que coordinan el proceso de elaboración de proyectos de ley que a futuro serán puestos a consideración de la Asamblea Nacional o Congreso, de ganar el Sí en el referéndum constitucional.

Estas tres entidades están presentes en todos los equipos de trabajo “interdisciplinarios” que se han formado con funcionarios de otras instituciones, como el Fondo de Solidaridad (FS), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel), el Ministerio de Electricidad, el Consejo Nacional de Electrificación (Conelec) y otros, dependiendo de la temática.

Al menos nueve son las leyes que hasta el momento están en elaboración en los ámbitos de Planificación, Régimen Descentralizado, Régimen Administrativo, Antimonopolios, Empresas Públicas, Telecomunicaciones, Eléctrica, Minería y reformas al Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Jorge Glas, presidente del Fondo de Solidaridad, dice que están participando en la Ley de Empresas Públicas, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Eléctrica, que están avanzadas ya en el 90%, y explica que se va construyendo el “documento matriz” y luego se recibe el aporte de instituciones.

“En la Ley de Empresas Públicas, por ejemplo, hay que discutir con jurídicos de Petroecuador, las empresas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), empresas municipales, es todo un proceso (...)”, agrega Glas.

Pavel Muñoz, subsecretario de Reforma Democrática del Estado de la Senplades, expuso que la institución a la que pertenece está enfocada, sobre todo, en las normas de Planificación, Ordenamiento Territorial y Régimen Administrativo.

“Tenemos responsabilidad clara sobre esas leyes, pero también participamos en los equipos técnicos que están trabajando en las otras”, ratifica.

La Ley de Planificación implica la conceptualización del sistema, los gabinetes y consejos regionales, las herramientas participativas en la planificación, los cambios en la inversión pública y la creación de un instituto de preinversiones.

Las bases para la Ley Orgánica de Régimen Descentralizado se dieron en las reuniones que la Senplades mantuvo con el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope), la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y la Confederación de Juntas Parroquiales (Conajupare) para la elaboración de la propuesta  que fue enviada a Montecristi.

Al final de esas reuniones las partes acordaron que nuevamente se reunirán para trabajar en el proyecto de ley que ponga en práctica los postulados constitucionales.

La Ley de Régimen Administrativo buscará que el manejo de las instituciones por parte de los gobiernos se haga sobre la base de los principios que se establezcan en la nueva norma (código o ley), ya que, en la anterior estructura orgánica del Estado al menos existían 18 clases de entidades.

Ahora hay una diferenciación funcional: los ministerios son los rectores de la política, hay siete ministerios coordinadores dentro de un proceso de desconcentración y la Senplades planifica y monitorea la gestión. Las instituciones que a futuro se creen deberán regirse según los parámetros que en esa norma se establezcan.

En la Senplades se reconoce que no existe mayor participación de los sectores privados en la elaboración de las normas porque, en primera instancia, se trata de proyectos que están en el ámbito Ejecutivo.

“Hay un proceso de revisión para ver su consistencia. Son trabajos de proyectos de ley que el Ejecutivo ha venido adelantando, no solo ahora sino antes por la necesidad (...) de funcionamiento de cada uno de los sectores”, concluye Muñoz.

Transitoria
De todas las mencionadas, solo las leyes de Descentralización Territorial y la del Servicio Público se contemplan dentro de lo que la nueva Asamblea Nacional (Congreso) deberá aprobar en un plazo  de 360 días, según lo establece la primera disposición transitoria del proyecto de Constitución.