El Tribunal Constitucional, un organismo que desde la promulgación del mandato constituyente número 1 no tiene razón de existir, ha restado validez jurídica a los videos que registran algunos actos de corrupción en la administración de justicia.
La justificación es que no se siguió el procedimiento establecido. Concretamente, ha sostenido que no hubo la orden judicial necesaria para hacer las grabaciones y filmaciones. Al parecer, todos los herreros de esa casa –donde solo habitan jueces– usaban cuchillos de palo. Con ello quedó en nada un delito flagrante que fue registrado y denunciado nada menos que por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y por el Consejo de la Judicatura. Pero el problema no se reduce a eso. Llama la atención la coincidencia de la resolución del TC con la batalla de videos que se viene escenificando diariamente en los canales de televisión acerca de lo ocurrido hace dos semanas en la Universidad Católica de Guayaquil.
Coincidencia extraña, porque las únicas pruebas que podrán presentarse en los juicios que se han iniciado sobre los hechos de la Universidad Católica estarán en formato de video. Las declaraciones de los interesados de uno y otro lado ocuparán un lugar secundario frente a las imágenes, y estas no se reducirán a las que tomó tal o cual canal o la propia Secretaría de Comunicación. Allí se incluirán también las que pudieron ser grabadas en un simple teléfono celular o en una cámara barata que puede ser comprada hasta en la tienda de la esquina.
Obviamente, ninguna de esas pruebas fue recogida con la autorización de un juez ni siguió los procedimientos establecidos. En consecuencia, la resolución del TC anticipa el desenlace de una investigación que cambió de rumbo precisamente cuando se hizo evidente que hay más de un ángulo para ver un mismo hecho y que todas esas miradas pueden quedar impresas con tanta o mayor fuerza que las palabras.
Pero esta no es la única coincidencia. En estos mismos momentos se está discutiendo el proyecto de espionaje al que irónicamente han denominado plan Libertador y se está poniendo en práctica la prohibición de difundir escenas de violencia en los medios. Son dos campos adicionales en los que las imágenes y las voces ocupan el centro de la atención y que, como lo dijo el propio Presidente de la República al referirse al mencionado plan, serían instrumentos terriblemente peligrosos en manos de gobernantes autoritarios. Nadie garantiza que no puedan ser utilizados para la represión e incluso para el chantaje, tanto en la política como fuera de ella. Todo esto se produce, además, cuando está a punto de ser aprobado un proyecto de Constitución en el que los derechos a la comunicación, que abarcan cinco artículos con diez numerales, corren el riesgo de quedar sometidos a cualquier interpretación en aras del buen vivir. La creación de un sistema de comunicación social (artículo 384) será un poderoso instrumento en manos de quien quiera ganar una futura batalla de videos o simplemente de quien busque implantar la mirada única.