Fortalecido por los resultados del referéndum revocatorio del 10 de agosto, que le dio el 67% de los votos, el presidente Evo Morales espera ganar también la consulta ratificatoria de la nueva Constitución en diciembre próximo, que aprobaría la reelección presidencial y profundizaría una visión indigenista y estatista del país.

Los prefectos críticos de Morales anunciaron su rechazo a estas elecciones. “La convocatoria es ilegal e inconstitucional”, dijo Rolando Aguilera, secretario de la prefectura de Santa Cruz, motor económico del país y centro opositor.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, anunció que “no se permitirá que se realicen las elecciones convocadas por el Gobierno”. Pero analistas señalaron que será difícil impedir el voto de los ciudadanos porque Morales tiene respaldo en las áreas rurales de todo el país, incluidas las regiones opositoras

“Los sectores conservadores y los prefectos se opusieron a dialogar, a entendernos. Yo creo que ahora le toca al pueblo decidir”, dijo Morales al referirse a los bloqueos de vías y tomas de pozos petroleros de la semana pasada, que el Gobierno asumió como fin del diálogo.

La oposición asegura que Morales no puede convocar a referéndum adicional este periodo constitucional (que acaba el 2010), pues la Constitución vigente lo permite solo una vez, lo que ya hizo el 2006 al convocar a consulta por las autonomías y la Constituyente.

Pero el Ejecutivo alega que este referéndum es parte de la ley de convocatoria a la Asamblea, que lo establece para ratificar el texto constitucional aprobado por los asambleístas.

Según la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente y su reglamento de debates, los artículos de la nueva Constitución debían ser aprobados por dos tercios de votos de los asambleístas, lo que se cumplió en casi todo el nuevo texto. 

Los artículos aprobados con menos de dos tercios debían ser enviados a una consulta dirimitoria, lo que ha sucedido con la tenencia de tierras, que establece que los predios no pueden exceder de 5.000 hectáreas.

Pese al conflicto, se espera aún que los prefectos opositores y el Gobierno negocien reformas a los artículos de la Constitución para profundizar el régimen autonómico.