Fidelina Valverde, a pesar de sus 83 años de edad, acudió durante 63 años, hasta el viernes pasado, a impartir clases en la escuela fiscal Jorge Guzmán Ortega N° 329, de la que era también su directora. Ella es la más antigua de los 1.290 maestros que se acogieron a la jubilación voluntaria hasta el pasado 22 de agosto, e incluso del total de 4.533 maestros que se incluyeron al programa de estímulos a la jubilación que emprendió el Ministerio de Educación desde el 2006.

Desde hoy, Fidelina, al igual que los 1.290 maestros, tendrá dos meses de licencia remunerada, hasta el 30 de octubre.

De esos 1.290 maestros, a 16 le correspondieron $ 24.000 por tener más de 40 años de servicio y 80 de edad.

Sin embargo, muchos maestros esperan que se apruebe el proyecto de nueva Constitución para lograr mejores condiciones de jubilación. “Alcanzamos como transitoria la vigésimo primera, según la cual cada maestro va a ganar cinco salarios básicos del trabajador privado por año de servicio, es decir 1.000 dólares por año, con un tope de $ 30.000 (según el salario del año en curso)”, explica Mery Zambrano, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

“¡Me jubilo o espero!” es el título de la circular enviada por Víctor Hugo Aguilar, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio , haciendo un llamado a 127.000 afiliados al Fondo a votar por el Sí. “Necesitamos que esta transitoria se convierta en ley”, señala la circular.

Esa fue la incertidumbre en la que estuvieron cerca de 10.000 maestros que cumplían con los requisitos para recibir los estímulos este año y que, en algunos casos, decidieron postergar su jubilación en espera de que se apruebe el proyecto de Constitución y las transitorias que incluye.

De hecho, la cifra decreció respecto a los 1.959 maestros que se jubilaron en el 2007, y resultó más parecida a los que se acogieron al programa en el 2006 (1.284), cuando el estímulo era de $ 12.000 para todos, sin aumentos por años de servicio o edad.

En la transitoria se establece que el tope son 150 salarios mínimos, pero no se podrá empezar a aplicar hasta que el próximo Congreso (de ser aprobado el proyecto de Constitución) regule los procedimientos y métodos de cálculo.