Policías laboran en esos cuarteles sin radios, porque hace ocho meses se dañó la frecuencia.
Han pasado diez meses desde que, en octubre pasado, el Gobierno decretó la emergencia en la Policía para mejorar las áreas de infraestructura, comunicaciones, medios logísticos, investigación científico-forense, policía comunitaria; y, bienestar y seguridad social.
Sin embargo, en un recorrido por los Puestos de Auxilio Inmediato (PAI) o Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que existen en Guayaquil se comprobó que nada se ha hecho por esos lugares, ni por los uniformados que no tienen donde descansar porque empresas o comités barriales construyeron sitios en los que permanecen hasta doce días por guardia.
Ahí improvisan sus dormitorios, comen, se asean y hasta tienen que lavar sus uniformes, sobre todo aquellos cuyas familias residen fuera de la ciudad. Pero los policías no solo carecen de bienestar, su labor también se ve limitada por la falta de medios de comunicación.
Por ejemplo, la frecuencia con que contaban estos puestos no sirve desde hace ocho meses.
En las improvisadas oficinas se observan aparatos polvorientos que alguna vez sirvieron para comunicarse. “Cuando queremos hablar usamos las radios de los carros de algunos compañeros o nuestros teléfonos celulares.
Pero sí hay que reconocer que la falta de radios causa problemas en el trabajo”, comenta un uniformado que prefiere proteger su identidad por temor a tener sanciones,
“La adquisición de radios está planteada dentro del proyecto general de modernización de la Policía, pero el trámite demora, van a hacer una adquisición para todo el país”, expresa el coronel Édison Ramos Rodríguez, jefe del Comando Guayas.
Uniformados que integran el grupo de los 816 que laboran en los PAI o UPC, y en los comandos sectoriales de otros cantones reniegan, porque “aquí nada mejora, todos nos cuesta a nosotros, dormimos donde sea.
Sentimos que tenemos un trato inhumano”, dice un oficial que labora en la zona rural.
Ramos indica que el Estado no puede hacer mejoras en las construcciones de PAI o UPC, porque al menos el 80% de las edificaciones existentes no son de la Policía, “son de los comités de barrios, de empresas o del municipio”, asevera el oficial.
Blanca Miño, quien reside más de cuatro décadas en la ciudadela La Atarazana, en el norte de Guayaquil, critica el hecho de que se haya frenado a los barrios que apoyaban la labor policial con el aporte de la empresa privada y de la comunidad.
“Por más de 35 años nosotros trabajamos para que la policía esté cómoda aquí, pero hace tres meses se nos llevaron el carro que teníamos y hace dos yo devolví a Comandato una moto que nos había entregado en comodato, para evitar inconvenientes. Eran herramientas que servían a la policía, que aún espera mejoras”, dice Miño.
Otra de las críticas que hace la ciudadanía es que cuando hay algún espectáculo artístico o deportivo los PAI o UPC quedan sin personal, cerrados con llave, por lo que si hay emergencias no hay “auxilio inmediato”, significado de las dos últimas letras de la sigla PAI.
Sin embargo, el pasado lunes, por ejemplo, en el PAI 20 de Fertisa, en el Guasmo, estaba cerrado. Ahí laboran tres uniformados, pero uno de ellos ha sido trasladado a Quevedo, Los Ríos, los otros dos ese día habían sido enviados a otro sector por “orden superior” y al momento de la visita de este Diario llegó un patrullero con tres policías para atendernos.
Cifras
123
UPC tiene Guayaquil en las zonas norte, centro y sur de la urbe, a las que suman 61 comandos sectoriales en los otros cantones de Guayas.
80%
De centros, donde funcionan las UPC no pertenecen a la Policía, por lo tanto el “Estado aún no puede invertir, porque todavía son administradas por empresas, comités barriales”, sostuvo Édison Ramos, comandante de Guayas.
Édison Ramos
COmandante de Guayas
“La adquisición de radios está planteada dentro del proyecto de modernización de la Policía, pero el trámite demora”.