Desde el 24 de julio al 27 de agosto, el ex presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, mantuvo el informe de la  Contraloría en reserva.

Para Fernando Balda (ex militante de PAIS) esto fue una forma de encubrir a quienes habrían cometido un supuesto delito y por ello el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, debería imputarlo.

En declaraciones anteriores, Cordero dijo que no hacía público el informe porque no era el final y se negó a entregar copias “no por ocultar nada, sino porque el derecho a presumir inocentes a todas las personas mientras no se pruebe su culpabilidad”.

La Contraloría recomendó remitir el informe al Ministerio Fiscal porque contenía indicios de responsabilidad penal, pero Cordero, solo después de 34 días, decidió acoger la sugerencia del máximo organismo de control de los recursos del Estado, cuando se hizo público el Informe Técnico Pericial.

Según el informe de la Contraloría, denominado Comunicado de resultados provisionales’, la información sobre las irregularidades fue remitida a Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea, el 21 de julio del 2008, porque con él se firmó el convenio de cooperación.

En el informe en mención se piden explicaciones a la Dirección General Administrativa, de la que estaba al frente Francisco Torres.

Además, se resalta que la relación de dependencia (con la Asamblea de cualquier funcionario) se produce cuando el asambleísta designa su asesor y comunica al Presidente de la Asamblea, quien notifica a la Dirección de Recursos Humanos para el ingreso correspondiente.