La gratuidad, la autonomía y el sistema de admisión en las universidades provocan el debate estudiantil entre quienes defienden el Sí y el No más con anhelos que con los textos de la nueva Constitución que contempla cambios estructurales en el Alma Máter.

Defienden el Sí o el No con sus propias razones, que en la mayoría de los casos no coinciden con lo escrito en las páginas del proyecto constitucional de Montecristi. Más bien se relacionan con los afectos por el presidente Rafael Correa o por el alcalde Jaime Nebot, con sus anhelos o tendencias políticas.

Hugo Solórzano, secretario del Frente Revolucionario Independiente Universitario (FRIU) en la Alma Máter, alaba el texto constitucional del gobierno de Correa, del que es simpatizante, porque dice, se opone a “los gobiernos de turno neoliberales”.

En cambio, Juan Fernández, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEUE del Guayas, cuya organización recibe 160 mil dólares de la Alcaldía de Jaime Nebot para mejorar su sede, critica el articulado del Movimiento PAIS.

Ambos, Solórzano y Fernández, han adecuado sus posiciones a la figura del Primer Mandatario. El FRIU, por ejemplo, ha mantenido por años el discurso del libre ingreso a las universidades, pero desde que Correa dijo en junio pasado que es solo para “los que tengan la capacidad para entrar”, respalda el sistema de admisión y nivelación (artículo 356) que aprobó la Asamblea, y que no da detalles especificos de qué comprende.

Los dirigentes y estudiantes hacen sus propias deducciones. Solórzano, por ejemplo, cree que se trata de test o pruebas que deberán hacer los alumnos, pero no en las instituciones de educación superior sino en los mismos planteles en los que terminan su bachillerato.

“Son evaluaciones nacionales que elaborarán los colegios para tener una estadística de cómo van a salir del bachillerato”, afirma ante jóvenes en las escalinatas de un aula de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil el martes pasado.

En cambio, Fernández piensa que se tomarán exámenes de ingreso y que eso restringirá el libre acceso. “Si de cada 10 bachilleres, uno puede entrar, con este sistema serían menos los que tendrán acceso”, comenta.

Los próximos bachilleres reconocen no saber a profundidad el texto, aunque apoyan el sistema de admisión. “Hay muchas personas que no toman en serio la universidad, entonces esto sería un filtro que compruebe quienes realmente van a estudiar”, dice Pablo Peñafiel, dirigente estudiantil del colegio Vicente Rocafuerte.

La responsabilidad académica, de la que dependerá la gratuidad de la educación superior, según plantea el artículo 356 del texto constitucional, es otro punto del que los universitarios tienen versiones subjetivas.

“Esto significa que un alumno debe tener buen rendimiento para poder estudiar. ¿Qué pasará si un estudiante no tiene un buen promedio?”, dice Robert García, dirigente del Movimiento Independiente Odontológico (MIO), afín a la FEUE en la Universidad de Guayaquil.

Por su parte, los del FRIU dan otra interpretación, que tampoco está en el texto constituyente: “Se refiere a que el Estado no tiene por qué financiar la misma carrera a un estudiante que esté repitiendo cinco veces la misma materia”, dice Solórzano.

Sobre la “autonomía solidaria y responsable”, de que habla el artículo 355, y que implica la rendición de cuentas de las universidades, también hay entre los estudiantes criterios que no se relacionan con  el texto.

Por ejemplo, para el FRIU, que apoya el Sí, esto significa que el Estado va a vigilar que se respeten los concursos de méritos “para que no haya, como ahora, el 80% de docentes que son profesionales recién incorporados”, según Solórzano.

García, del MIO y de la FEUE, piensa, en cambio, que con esta disposición el Gobierno puede poner rectores y profesores en las facultades, lo cual viola la autonomía universitaria. “Se pondrán rectores a dedo”, opina.

Y si se habla de gratuidad de la educación superior, como señala el artículo 356, hay más de una versión. “Ya no se tendrá que pagar nada”, “desaparecerán los cursos autofinanciados para recuperar materias”, dicen quienes apoyan el Sí; mientras que los que defienden el No creen que esto es un viejo anhelo casi imposible de cumplir, porque “si el Gobierno no puede dar 130 millones a la Universidad de Guayaquil (como ocurrió este año), cómo va a dar los 800 que se necesitan para la gratuidad en todas las universidades”. Además, porque según los alumnos, ellos seguirán gastando en instrumentos costosos en carreras como odontología o en libros.

Pero, ¿cómo se financiará la gratuidad de la educación superior? Ese es otro punto de teorías encontradas. Los del Sí aseguran que “si Correa lo dijo, es porque él lo va a hacer”, y los del No piensan que esto es mentira, porque la Constitución no detalla la fuente de los recursos. Los futuros bachilleres, en cambio, sueñan con que sea cierto. “Es una buena propuesta siempre y cuando el gobierno garantice que el sistema no colapsará”, dice Andrés Donoso, dirigente estudiantil del Colegio Javier.

 El FRIU y la FEUE propusieron a Correa que el proyecto jurídico dedique el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar la educación superior y el 1% para la investigación, algo que no acogió la Asamblea, mayoritariamente gobiernista.

Así como hay opiniones subjetivas sobre temas reales, también hay criterios basados en lo que alguien dijo, pero que no existe en los textos. Héctor Quintana, dirigente de Odontología, dice que está por el No  porque “tienen conocimiento” de que se dejarán de pagar la práctica rural a los médicos. Y Solórzano votará Sí porque también tiene conocimiento que se crearán Cursos Básicos Comunes, parecidos a los preuniversitarios, “pero mejores”.

“No hay que cerrarse solo en lo que dice la Constitución, hay leyes que vendrán después de que gane el Sí”, dicen Solórzano. Pero Robert García, a favor del No, dice que apoyará “un texto poco claro y contradictorio”.

Proyecto de nueva Carta Magna
Admisión universitaria

Rafael Correa
Presidente de la República
“La universidad es excelencia, es solo para una élite académica, es decir, para la gente más capaz y acuciosa en los estudios; no para todos”.

Juan Fernández
Dirigente de FEUE en Guayas
“Crear un sistema de admisión y nivelación es una  restricción al libre ingreso. Si de cada 10 bachilleres, 1 entra, con esto serían menos los que accedan”.